Baja California: del conflicto político a la denuncia penal
| Autor | Olga Aragón |
MEXICALI, BC.- Baja California se convulsiona en una severa crisis política a partir de la aprobación de la "Ley Bonilla" en el Congreso local de mayoría panista, que junto a legisladores de otros siete partidos reformó en 30 minutos la Constitución Política del estado para ampliar de dos a cinco años el periodo del gobernador electo Jaime Bonilla Valdez, quien tomará posesión el próximo 1 de noviembre.
Y el viernes 19 fueron presentadas dos denuncias penales por el presunto delito de cohecho contra los 21 diputados que aprobaron la reforma 35 días después de los comicios locales.
En ambas denuncias penales Ricardo Peralta Saucedo, actual subsecretario de Gobernación, y Alejandro Miramontes Armenta, director de la Aduana en Mexicali, son señalados como presuntos responsables de actos de extorsión y sobornos a legisladores para que aprobaran la reforma que permitiera a Bonilla aumentar de dos a cinco años su periodo de gobierno.
La denuncia en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en Mexicali fue interpuesta por seis integrantes de diversos movimientos de resistencia social, representados por la profesora Alma Araceli Piña y el activista social Filiberto Sánchez Gurrola.
"Si los diputados fueron convencidos o impulsados, o amagados o inducidos a emitir su voto mediante un pago de dinero o de cualquiera otra prestación que implique para ellos un beneficio indebido, por razones de salud pública se deben aplicar las consecuencias jurídicas de ese hecho", exigen los activistas.
Jaime Martínez Veloz, excandidato a gobernador por el PRD, presentó en conjunto con la dirección nacional de ese partido la denuncia de hechos en la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México, "para que se investiguen posibles sobornos a los diputados que avalaron la 'Ley Bonilla'".
Es necesario que también se investigue el nombramiento del titular de la Auditoría Superior del Estado en la misma sesión extraordinaria en la que se aprobó la "reforma bonillista", dijeron los denunciantes.
Después de votar en secreto y sin debate esa reforma, propuesta por el mo-renista Víctor Manuel Morán Hernández como "de urgente y obvia resolución", los 22 legisladores presentes -de 25 que integran la actual legislatura con la representación de ocho partidos políticos-, designaron por unanimidad como auditor superior al panista Carlos Montejo Oce-guera, colaborador y amigo del gobernador Francisco Vega de Lamadrid. Estará en el cargo hasta 2026 y...
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