Bajo el manto de Peña Nieto, el gran negocio de ser liquidado

AutorArturo Rodríguez García

Los colaboradores de Enrique Peña Nieto gozan de privilegios laborales a los cuales casi nadie en el país puede aspirar: ganan en un día más o menos lo que un trabajador mexicano promedio gana al mes; aunque la Constitución lo prohibe (en la fracción II del Artículo 127), algunos perciben más que el mandatario federal, y cuando renuncian o son despedidos tienen programas de "ahorro" o liquidaciones muy ventajosas.

En cuatro años Peña Nieto ha realizado al menos 50 cambios de directores de dependencias gubernamentales. Tres de sus colaboradores salieron en medio de escándalos de corrupción, otros fueron desplazados, unos más contendieron por cargos de elección popular o terminaron acomodados en otro puesto. En cualquier caso, ninguno se fue con las manos vacías.

Proceso realizó 52 solicitudes de información. Por las respuestas que recibió fue posible saber que 13 servidores públicos obtuvieron abultadas liquidaciones; entre ellos, algunos de los hombres más destacados del peñanietismo.

Por cuantía, el caso más notable es el de Emilio Lozoya Austin, quien fungió como director de Pemex desde el inicio de la administración hasta el pasado febrero. De acuerdo con la respuesta otorgada por la paraestatal, a la que se le pidió precisar el motivo de separación del cargo, aquel fue despedido y se le concedió una liquidación de 1 millón 801 mil pesos.

Para sustituir a Lozoya, Peña Nieto nombró a José Antonio González Anaya -concuño de Carlos Salinas de Gortari-, quien antes había sido director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), puesto al que renunció y por el cual fue liquidado con 831 mil pesos.

El sector energético suele recompensar con generosidad a sus altos funcionarios. El pasado 25 de septiembre, la edición 2082 de este semanario publicó que el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, cobró una liquidación de 1.2 millones de pesos cuando renunció a la dirección de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Esta información se obtuvo por una filtración a la Plataforma MexicoLeaks, y por sus características se consideró que el beneficio pudo ser ilegal, pero la Secretaría de la Función Pública no anunció ninguna investigación del caso y el líder del PRI sólo se quejó de una campaña negra en su contra.

Ochoa no es el único beneficiario de una gran liquidación en la CFE, pues su antecesor, Francisco José Rojas Gutiérrez -priista de larga trayectoria que ocupó el cargo durante el primer año del gobierno de Peña Nieto-, se llevó 878 mil pesos libres de impuestos, la tercera liquidación más alta de las documentadas.

Ese tipo de liquidaciones no son aplicables en las dependencias de la administración pública, cuyo régimen está establecido en el Apartado B del Artículo 123 de la Constitución.

De acuerdo con Manuel Fuentes Mu-ñiz, doctor en derecho especializado en materia laboral, esa práctica ocurre en organismos descentralizados, autónomos o empresas estatales que se rigen por el Apartado A del Artículo 123, es decir, el que regula el...

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