Boletas 2006: Proceso recurre a la ONU

AutorJorge Carrasco Araizaga

Ni la creación del Instituto Federal Electoral (IFE) ni del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ni el resurgimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), posteriores al fraude de 1988, han hecho posible el acceso a la información sobre las elecciones en México. No hay recurso legal posible para garantizar ese ejercicio de información y transparencia. Y así lo avaló, presionada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en noviembre pasado al desechar una demanda interpuesta por el director de la revista Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, en contra del Estado Mexicano.

Antes de que el próximo 12 de noviembre se inicie la destrucción de la memoria electoral de la llegada de Calderón a Los Pinos, Rodríguez Castañeda pidió al Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que le requiera al Estado mexicano evitar la destrucción de esos documentos de los comicios de 2006.

El jueves 25, el director del semanario presentó a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, Suiza, una solicitud de medidas provisionales para evitar la destrucción ya acordada por el IFE.

Apoyado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su protocolo facultativo, del que México es parte sin reserva alguna desde el 15 de marzo de 2002, Rodríguez Castañeda sostiene que, al destruir las boletas, el Estado mexicano viola diversas disposiciones del Pacto Internacional relacionadas con la libertad de información y las garantías judiciales.

Al mismo tiempo, en lo que representa el primer amparo colectivo en México para la conservación del material electoral, Proceso presentó, junto con la firma Litiga, Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos, un recurso de protección judicial en contra del acuerdo del IFE sobre la destrucción de la paquetería electoral del proceso electoral 2005-2006. La demanda quedó radicada en el juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal.

"Tanto la petición a la ONU como la demanda de amparo colectivo pretenden detener la destrucción de las boletas para garantizar el derecho de acceso a la información en poder del Estado, que tiene el carácter de pública", explica Graciela Rodríguez Manzo, presidenta de Litiga y abogada de Proceso ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

En su escrito al Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Rodríguez Castañeda le pide que requiera al Estado mexicano suspender la destrucción de las boletas electorales de 2006 a través de medidas provisionales y que lo declare "responsable internacionalmente" por la violación de sus derechos protegidos en los artículos 2.2, 2.3...

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