Cabildeo peñista en favor de Calderón
| Autor | Jorge Carrasco Araizaga |
Desde finales del año pasado el gobierno de Enrique Peña Nieto comenzó a presionar intensamente a la Corte Penal Internacional (CPI) para impedir que ese tribunal de las Naciones Unidas investigue y sancione las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el sexenio de Felipe Calderón.
Aunque en el gabinete presidencial hay diferencias por defender al expresidente panista, el gobierno federal decidió desplegar un intenso cabildeo -incluso con referencias a las aportaciones económicas que hace a organismos internacionales- para evitar que la comunidad internacional indague y sancione las violaciones graves cometidas por agentes estatales y los grupos de la delincuencia organizada entre 2006 y 2012.
Ante la cercanía del pronunciamiento de la CPI sobre la denuncia contra Calderón presentada en septiembre pasado por tres organizaciones no gubernamentales (Proceso 1977), una delegación de funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob) y de la Procuraduría General de la República (PGR) viajó a La Haya, Holanda, sede de la Corte, para evitar que la fiscal Fatou Bensouda admita a análisis preliminar la denuncia enderezada contra Calderón y el exsecretario de la Defensa Nacional, el ahora general retirado Guillermo Galván.
A esa denuncia se suma la presentada ante la misma CPI por otras organizaciones, en la que también se pide investigar por crímenes de guerra al exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, a
Joaquín El Chapo Guzmán y a otros nar-cotraficantes, pero en la cual se señala a Calderón como el principal responsable de las miles de ejecuciones, desapariciones y desplazamientos forzados durante su sexenio.
El área de Derechos Humanos de la Segob, a cargo de la subsecretaria Lía Limón, y la de Asuntos Internacionales de la PGR, dirigida por la subprocuradora Mariana Benítez, se sumaron a las gestiones que encabeza la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Personal de ambas áreas viajó al comienzo del año a La Haya para evitar que ese tribunal siquiera analice las distintas peticiones contra el Estado mexicano.
Para su decisión, la fiscal Bensouda ha recabado información sobre la cadena de mando en las diferentes áreas del gobierno federal acusadas de graves violaciones a los derechos humanos entre diciembre de 2006 y noviembre de 2012, así como de las sanciones del Estado mexicano en los crímenes contra la humanidad perpetrados por la delincuencia organizada.
En La Haya, el principal operador de la defensa de Calderón es el embajador ante los Países Bajos...
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