Cacería de periodistas

AutorGloria Leticia Díaz

Durante marzo, los atentados contra periodistas evidenciaron la impunidad, la debilidad de las estructuras del Estado creadas para prevenir y sancionar los ataques contra el gremio y el desdén del gobierno de Enrique Peña Nieto para reaccionar de manera inmediata ante la tragedia que en ese mes dejó una estela de tres comunicado-res asesinados, uno gravemente herido y uno más, intimidado por un intento de asesinato.

El "mes negro" para la prensa en México, como lo califican organizaciones de defensa de la libertad de expresión, fue motivo de comunicados de organismos de las Naciones Unidas y de la Comisión In-teramericana de Derechos Humanos, en lo que aparenta ser un repunte peligroso de la violencia contra los periodistas.

Los asesinatos de Cecilio Pineda Bir-to, en Guerrero; Ricardo Monlui Cabrera, en Veracruz, y Miroslava Breach, en Chihuahua, así como los atentados contra Armando Arrieta, de Veracruz, y Julio Ornar Gómez, de Baja California Sur, causaron alarma entre defensores, como Carola Hausotter, responsable de la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, organización de 15 colee- | tivos radicados en Alemania y dedi- g cados exclusivamente a observar la | situación de los derechos fundamen- *" tales en nuestro país.

De visita en México en esos días, Hausotter y Cristina Valdivia, de la Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia, fueron a Chihuahua, donde se entrevistaron con defensores y periodistas, seis días después del asesinato de Breach.

"Había tensión entre las organizaciones sociales y los periodistas. Era claro que después del asesinato se sentía una intimidación tremenda; pero lo que más nos sorprendió es que hasta ese momento -habían pasado 24 días del asesinato de Cecilio, 11 del de Ricardo y seis del de Miroslava- no hubo reacción política ni de Peña Nieto ni de miembros de su gobierno", reflexiona Carola en entrevista con Proceso.

Continúa: "Que no haya salido Peña Nieto a declarar algo inmediatamente es algo impensable en cualquier país europeo, pero es una señal del nivel de relevancia que tiene para ellos el problema de la violencia hacia los periodistas".

La defensora, cuya labor es cabildear entre funcionarios y parlamentarios de su país y de la Unión Europea para que ejerzan presión política en México, dice que desde 2010 la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, con sede en Stuttgart, ha ido detectando un "incremento de violencia y de peligro" hacia el gremio periodístico, situación que desde entonces está presente en el Parlamento Europeo.

"México se vende muy bien en Europa como un país que firma todos los tratados de derechos humanos; por eso cuando se conocen noticias de asesinatos de periodistas y el alto...

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