La Cámara de Diputados desacata al Tribunal Electoral
| Autor | Jesusa Cervantes |
El 12 de julio pasado, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a la Cámara de Diputados dictaminar, discutir y votar la iniciativa que el 2 de febrero presentaron un grupo de 12 ciudadanos y la diputada priista Ivonne Ortega Pacheco para reducir el precio de las gasolinas en la misma proporción que aumentó.
Después de medio año sin dictaminar en comisiones la iniciativa, Ortega y el grupo de ciudadanos acudieron al tribunal para reclamar la "omisión" de la Cámara de Diputados, lo que violentaba, expusieron, sus derechos político-electorales.
La Cámara se negó a dar trámite al proceso legislativo porque discutir la iniciativa abría la posibilidad de que se aceptara la reducción, con lo cual el gobierno federal dejaría de percibir 166 mil millones de pesos, según se reveló la noche del miércoles 18 durante la sesión de la Comisión de Hacienda.
De acuerdo con la resolución del máximo tribunal -del cual Proceso tiene copia-, la Cámara, por conducto de su representante legal, litigó contra los ciudadanos y sus propios diputados. Alegó que los denunciantes no tenían "interés jurídico", que el tribunal era "improcedente para combatir omisiones legislativas", que "no es vía para combatir actos de carácter legislativo"; peor aún, reclamó la "inexistencia del acto reclamado".
Del documento se desprende que la Cámara de Diputados buscó que el máximo tribunal no diera entrada al juicio, que no se entrara al fondo del reclamo, menos aún que un poder alterno -el Judicial- le enmendara la plana al Legislativo.
Pero no ocurrió así. Por unanimidad, los siete magistrados dieron la razón a los demandantes y exigieron a la Cámara de Diputados que cumpliera con su objetivo de legislar, repusiera el procedimiento y emitiera un dictamen de las comisiones unidas de Hacienda y Presupuesto. A la fecha no ha cumplido y está en desacato.
Los magistrados consideraron que la posibilidad de iniciar leyes por parte de los ciudadanos forma parte del ejercicio del derecho político-electoral, por lo que su debido ejercicio "debe ser tutelado por los tribunales electorales".
Luego de lo anterior, la Cámara de Diputados interpuso recursos en donde alegó "causales de improcedencia" como, por ejemplo, "que la parte actora carece de interés jurídico al no advertirse que aduzca violación a alguno de sus derechos político-electorales".
Los magistrados desestimaron su alegato debido a que la reforma del 9 de agosto de 2012 al...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba