Campo Mlitar No. 1: el trasfondo del soldado asesinado
| Autor | Gloria Leticia Díaz |
Cinco días después, el 22, durante una revisión habitual de la causa penal 56/2013 en el Juzgado Segundo de Distrito en Aca-pulco, relacionado con la tortura sexual en agravio de Inés Fernández Ortega, abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan advirtieron que al expediente se le agregó un telegrama firmado por el director de la prisión militar, general de brigada Cruz Heracleo Medina Ávila.
Proceso consultó el documento emitido por el general Medina Ávila el 19 de enero en el cual notifica al juez de la causa, José Artemio Navarrete Sánchez, que "con motivo de una riña suscitada entre Salvador Aguilar Otañez y otro interno de nombre José Javier Acosta Piñones, el primero de los dos nombrados perdió la vida como consecuencia de heridas penetrantes en tórax por objeto punzocortante".
Según el director del penal militar, la legista mayor Ayari Natielly Onofre López, adscrita al Laboratorio Científico de Investigaciones de la Procuraduría General de Justicia Militar, fue quien determinó la causa de la muerte de Águilar. Y aunque Medina debió adjuntar copia del certificado de defunción en su documento para integrarlo al expediente, no lo hizo.
El día 20, el juez Navarrete Sánchez determinó que "por no haber sido transmitido (el informe del fallecimiento) por un órgano del Poder Judicial de la federación considero que no es confiable", por lo que una vez que sea recibido vía postal "se acordará lo que a derecho corresponda".
El fallecido -un cabo de transmisiones- y el soldado Hugo Humberto García de León, preso también en el Campo Militar Número Uno, fueron identificados por la indígena mep'haa Inés Fernández Ortega como quienes la agredieron se-xualmente en 2002. Aquel día, los soldados irrumpieron en la vivienda de Inés, en la Montaña de Guerrero, y frente a sus hijos abusaron de ella, además de someterla a un interrogatorio sobre el paradero de su esposo.
Ambos soldados estaban siendo procesados por un juez civil, después de que tras un litigio de ocho años, abogados de Tlachinollan y del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional lograron que la Corte Interamericana determinara la responsabilidad del Estado mexicano en los abusos cometidos por los efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedeña) contra la indígena mep'haa.
En el caso de Inés, como en el de Valentina Rosendo Cantú, otra indígena mep'haa que fue también ultrajada por militares en Guerrero el mismo 2002, la Corte Interamericana...
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