"Caos absoluto" en materia de inteligencia
| Autor | Jenaro Villamil |
Desde la campaña presidencial, "alguien" convenció a Enrique Peña Nieto de crear otro aparato de inteligencia para combatir al narcotráfico, abandonar Plataforma México, reorientar al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y entregarle funciones de espionaje al Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi).
El resultado de esta decisión, reflexiona Jorge Carrillo Olea, exdirector y creador del Cisen, es "la total dispersión, el caos absoluto, el descontrol entre los órganos" que tienen acceso a las tecnologías del ramo. Además, el especialista en políticas de inteligencia dice que la intercepción de comunicaciones de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), enviados por la Comisión Intera-mericana de Derechos Humanos, representa "una violación a la inmunidad diplomática, a la Convención de Ginebra".
"No existe en el mundo un caso similar, de esta importancia y magnitud que coloca al gobierno mexicano en una situación de crisis y escándalo internacional", sentencia.
Para el exgobernador de Morelos, la clave de esta crisis radica en la reorientación de la política de inteligencia en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Esto implicó el desconocimiento de dos cosas: "Despreciaron un anteproyecto de algo que se llamó el Centro de Inteligencia Criminal, que no tenía por función perseguir narcotraficantes sino advertir sobre las tendencias del crimen, sobre el gran escenario estratégico del crimen, y desmantelaron el Cisen, que tenía controles internos y externos".
El Cenapi depende de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, que ha tenido entre sus titulares a dos personajes polémicos y señalados por su papel en el caso de los 43 normalistas desaparecidos en septiembre de 2014 en Iguala: primero Tomás Zerón de Lucio, que abandonó la dependencia tras señalamientos de haber "sembrado" evidencias en el río Cocula, y
Omar Hamid García Harfuch, designado en noviembre de 2016 por el actual procurador.
El nombre de este último apareció en una de las libretas del líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, y los padres de los jóvenes de Ayotzinapa pidieron que se investigara este papel.
En entrevista con Proceso, Carrillo Olea destaca que los "controles internos" del Cisen se basaron en "reclutamiento, formación y permanencia". Estos controles se abandonaron y "empezaron a recibir a los cuates, a gente de Hidalgo, que no pasaban por exámenes...
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