Cárteles mexicanos, detrás de los asesinatos de líderes sociales en Colombia
| Autor | Rafael Croda |
BOGOTÁ.- En Colombia está en marcha un nuevo tipo de violencia cuyos actores ya no son la guerrilla y el Ejército sino sicarios. Sus blancos, seleccionados con precisión, son ma-yoritariamente campesinos que tienen en común ser líderes de sus comunidades.
Por lo general luchan por la tierra, por los derechos humanos, por la sustentabilidad ambiental de sus territorios y por la aplicación de los acuerdos de paz que el gobierno colombiano y la exguerrilla de las FARC firmaron hace dos años y dos meses.
La Defensoría del Pueblo (institución estatal de derechos humanos) estima que en 2018 al menos 176 dirigentes sociales fueron asesinados en este país, en promedio uno cada dos días, cifra 40% mayor que la de 2017.
Y en la primera semana de este año fueron asesinados seis más.
La masacre de líderes comunitarios es un fenómeno en ascenso que desafía la consolidación del proceso de paz y sus responsables más visibles son poderosas bandas criminales financiadas por cárteles mexicanos de la droga.
"Aquí está en marcha un proceso de aniquilamiento de la dirigencia social en el que los cárteles mexicanos están jugando un papel como financiadores de las estructuras armadas que están asesinando dirigentes", dice a Proceso la senadora y presidenta de la Unión Patriótica ((UP), Aída Avella.
Hace tres décadas, la UP, un movimiento de izquierda surgido en 1985 de un accidentado proceso de paz con las FARC, fue víctima de un "genocidio" reconocido como tal por la justicia colombiana y cuyos autores fueron grupos paramilitares de extrema derecha en alianza con terratenientes y agentes del Estado.
Para Avella, el hecho de que en los últimos tres años hayan sido asesinados 423 líderes sociales en Colombia constituye "la repetición" del exterminio que sufrió la UP en los años ochenta y noventa, cuando fueron asesinados o desaparecidos 3 mil 700 de sus militantes.
Esa matanza significó el fin del proceso de paz que impulsó con las FARC el presidente Belisario Betancur (1982-1986) y ensombreció los diálogos que la guerrilla sostuvo con el gobierno de Juan Manuel Santos entre 2012 y 2016, los cuales culminaron el 24 de noviembre de 2016 con la firma de un acuerdo de paz.
Desde entonces, a pesar de los "candados" que tiene el acuerdo en materia de seguridad para los exguerrilleros de las FARC, han sido asesinados 84 de ellos (uno este año) y 17 de sus familiares.
Estas 101 víctimas representan 41% de los homicidios contra dirigentes del movimiento social a partir de la firma del acuerdo de paz.
"Esto es un atentado directo contra la paz. La gran mayoría...
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