Caso Acteal: Zedillo, todavía en riesgo
| Autor | Jorge Carrasco Araizaga y J. Jesús Esquivel |
El expresidente Felipe Calderón se deslindó. Declaró ante la justicia federal que nunca dio la orden de solicitarle al gobierno de Estados Unidos inmunidad diplomática para el exmandatario Ernesto Zedillo.
La extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) Patricia Espinosa también se desmarcó y ahora el único integrante del gobierno anterior que debe responder por las acciones para favorecer a Zedillo es el exembajador Arturo Sarukhán. Pero éste se defiende y en declaraciones a Proceso asegura que actuó bajo las órdenes del gobierno de Calderón. Flamante miembro de la poderosa firma de cabildeo estadunidense Po-desta Group, Sarukhán es quien ahora debe responder por las violaciones constitucionales que, de acuerdo con el juez Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, existieron al solicitar la inmunidad para el expresidente priista.
En una sucesión de irregularidades y violaciones a la Constitución y a tratados internacionales que, en opinión del juez Ricardo Gallardo Vara, hubo en las gestiones a favor de Zedillo, el miércoles 6 de marzo aquél concedió un amparo a familiares de las víctimas de la matanza de Acteal, Chiapas, contra la solicitud gestionada por el exembajador (Proceso 1897).
El amparo, con el número 1093/2012, busca que se retire la solicitud de inmunidad gestionada por Sarukhán para detener la demanda civil contra Zedillo emprendida por los familiares de las víctimas de Acteal en la Corte Federal del Distrito de Connecticut, jurisdicción en la que vive el expresidente.
En caso de que quede firme, el amparo se traduciría en el retiro de la nota diplomática. La consecuencia sería no tener por presentada la solicitud y el gobierno estadunidense tendría que tomar en cuenta la insubsistencia jurídica de la petición, mientras que la Corte de Connecticut seguiría con la demanda de juicio civil sin tomar en cuenta la nota de Sarukhán.
Argumentos "falaces"
En su resolución, conocida en detalle apenas ahora, Gallardo Vara consideró "falaces" los argumentos de Sarukhán para justificar jurídicamente la petición, pero además determinó que la actuación del exembajador representó violaciones a los derechos humanos de quienes demandaron a Zedillo, en especial el de acceso a la justicia y a contar con un recurso efectivo.
Según el juez, el exembajador de México en Washington careció de argumentos jurídicos para sustentar "la defensa a ultranza" que hizo de Zedillo, a quien familiares de las víctimas de Acteal responsabilizan de la matanza ocurrida en diciembre de 1997, por lo que ahora le piden una reparación del daño, que estiman en 50 millones de dólares.
El juez Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa del DF arremetió contra Sarukhán porque Calderón y Espinosa, en sus declaraciones ante esa...
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