El caso Aguayo y la justicia transicional

AutorJavier Sicilia

Lo sucedido a Sergio Aguayo con el fallo del magistrado Francisco José Huber Olea Contró a pagar a Humberto Moreira la cantidad de 10 millones de pesos por una supuesta difamación hecha en su columna "Hay que esperar" (Reforma, 20 de enero 2016) no sólo es un grave atentado a la libertad de expresión. Es también una muestra clara de que el Estado está capturado por redes criminales de protección política o corrupción, que no sólo mediante la sangre, la extorsión, el secuestro y la desaparición, sino también mediante el uso faccioso de la ley, están dispuestos convertir el país en un campo de concentración al servicio del crimen.

A diferencia de Aguayo -un gran académico, un intelectual profundo y una figura fundamental en la defensa de los derechos humanos-, sobre Moreira pesan evidencias de delitos graves. Según el Auto judicial, que permitió su detención en España en 2016, y que sirvió de base para el artículo de Aguayo, pertenecen a delitos de "organización criminal, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos y cohecho". Este documento, aunado a las investigaciones que el propio Aguayo realizaba entonces con Jacobo Dayán sobre violaciones a derechos humanos en Coahuila, llevaron al investigador a afirmar que Moreira "es un político que desprende el hedor corrupto; que en el mejor de los escenarios fue omiso ante terribles violaciones de derechos humanos cometidos en Coahuila, y que, finalmente, es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana".

Tanto las acusaciones del gobierno español como los señalamientos de Aguayo no son difamaciones. Son realidades. Para saberlo, hay que leer el expediente jurídico que Aguayo consultó, los estudios realizados por él y Dayán, en el marco del Seminario sobre Violencia y Paz del Col-mex, que culminaron en la publicación de En el desamparo y El yugo Zeta, el estudio de Ginger Thompson, de la Universidad de Texas, Control... sobre todo el estado de Coahuila, y todo el trabajo de investigación periodística realizado por Diego Enrique Osorno en ese mismo estado, entre muchos otros.

Lo que ante esta evidencia queda claro es que el fallo del magistrado Olea a favor de Moreira es el fruto de redes de complicidad entre Estado y redes criminales profundas, intrincadas y gravemente peligrosas. El uso faccioso de la ley para destruir económicamente a Aguayo y a su familia tiene su correlato en la sangre que no deja de correr en el país, en los enormes índices de impunidad, en las centenas de...

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