Caso Arístegui: un fallo trascendental

AutorJesús Cantu

En un país en el que los concesionarios de radio y televisión están acostumbrados a abusar del poder que les otorga su impacto en la opinión pública para preservar sus privilegios e, incluso, arremeter contra las mismas autoridades constitucionales, el que un juez les recuerde que no pueden pasar por encima de los "fines sociales y públicos que deben protegerse" es un importante precedente.

Múltiples son los casos que se pueden documentar del uso de estos bienes públicos con fines estrictamente privados y particulares, como las campañas de TV Azteca para golpear a Cuauhtémoc Cárdenas y su gobierno tras el asesinato de Paco Stanley; los ataques de la misma televisora contra Francisco Gil Díaz cuando fungía como secretario de Hacienda para inhibir las acciones legales que había iniciado contra el Grupo Elektra por violaciones a las disposiciones del mercado de valores; o las campañas orquestadas por la empresa del Ajusco y Televisa contra el Grupo Casa Saba cuando éste pretendió asociarse con Telemundo para crear una tercera cadena; o contra la reforma constitucional y legal que prohibe la compra de propaganda político-electoral. Éstos son sólo algunos ejemplos de los abusos más recientes y significativos.

Pero los concesionarios y los persone-ros del gobierno también se aprovechaban de la debilidad de la legislación mexicana para proteger el ejercicio periodístico, para censurar y despedir a periodistas críticos, que no tenían instancia legal a la cual recurrir. La ausencia de normas como la "cláusula de conciencia", vigente en la mayor parte de los países europeos para evitar o al menos moderar los cambios radicales de las políticas editoriales de los medios de comunicación para amordazar a los periodistas, les permitían inventar "lineamientos" o nuevas reglas de operación con el único objetivo de acallar a los comunicadores o forzarlos a renunciar.

En este escenario, el hecho de que un juez otorgue una suspensión provisional a la aplicación de unos lineamientos que fueron impuestos sin aviso o audiencia previa con la intención de abrir un espacio de negociación entre la conductora Carmen Aristegui y la empresa MVS es realmente una muy esperanzadora noticia para periodistas, comunicadores y, en general, para la vida pública mexicana.

Y aun cuando la decisión fue audaz, el juez se vio cauto al no obligar a la empresa a reinstalar a la conductora en su noticiero, para invitar a las partes a buscar un acuerdo consensuado. Sin embargo, MVS ya...

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