Caso Cabeza de Vaca. El ruido mediático le gana a la sustancia jurídica
| Autor | Juan Alberto Cedillo |
El proceso legal contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y la solicitud de desafuero en su contra se vislumbran como casos mediáticos para ser usados rumbo a las elecciones de junio próximo, cuando se elijan alcaldes y diputados locales y federales, coinciden académicos y políticos entrevistados por Proceso.
Sobre la acusación judicial por presunto lavado, los consultados calculan que ésta podría chocar con el "dique" que levantaron los diputados panistas en el Congreso estatal, afines al gobernador.
De esa manera, García Cabeza de Vaca se perfila para concluir su mandato en 2022 en una entidad considerada Estado fallido y bajo el dominio del crimen organizado.
Sobre su caso, el propio Ejecutivo estatal ha denunciado a la Fiscalía General de la República, encabezada por Alejandro Gertz Manero, de armar un expediente en su contra basado en "sospechas con propósitos políticos y electorales".
Sus señalamientos son consecuencia del expediente que recibió de parte de la Cámara de Diputados y con el cual se solicita su desafuero. Detalla que, a diferencia de lo que se filtró en la prensa, la petición para desaforarlo no incluye delitos como el contrabando de combustible, narcotráfico o su colaboración con el crimen organizado o equivalentes.
Según el mandatario, en el expediente presentado a los diputados la principal acusación se suscribe en el "impago de contribuciones fiscales", un delito "menor" que no amerita que sea desaforado, según abogados consultados.
Las contribuciones fiscales evadidas son por la venta a finales de 2019 de un departamento de lujo en Bosques de Santa Fe, comprado en 2013 en 14 millones de pesos y vendido en más de 50 millones de pesos.
El expediente suma el delito de lavado porque el dinero obtenido por la venta y los impuestos no pagados fueron canalizados al sistema bancario.
Lo que no menciona García Cabeza de Vaca es que existe la presunción de que ese departamento lo compró con supuestos sobornos recibidos de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, a cambio de su voto como senador para respaldar la Reforma Energética en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
El mandatario de Tamaulipas precisó que el tercer delito que contiene el expediente de la FGR es el de delincuencia organizada, éste lo sustentan en la presunta fiscalía general de la república participación de varios miembros de su familia, incluida su esposa, en sus negocios particulares.
"Ante las embestidas del gobierno federal...
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