Caso Calera. Las siete nuevas víctimas del Ejército
| Autor | Verónica Espinosa |
FRESNILLO, ZAC- Precedido por la fama que ganó tras encabezar el operativo que en septiembre de 2011 permitió capturar en Michoacán al lugarteniente de Los Caballeros Templarios Saúl Solís Solís, el coronel Martín Pérez Resén-diz acabó con su carrera en el Ejército tras una serie de tropelías que llegaron al extremo de disponer de las vidas de siete civiles en el municipio de Calera.
De nada le sirvieron sus vínculos con los altos mandos militares ni su amistad con el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos Zepeda, después de que familiares de los siete asesinados denunciaran la matanza, que volvió a desatar las críticas contra el Ejército y recordó los ataques de Tlatlaya, Ayotzinapa y Ecuandureo.
La desaparición forzada de personas y su posterior ejecución, así como sus presuntos vínculos con Los Zetas, son algunos de los delitos que se le imputarán a Pérez en el proceso que enfrentará desde la prisión militar de Jalisco donde está encarcelado, según divulgó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedeña) en tres comunicados, en una aparente estrategia para presentar el juicio como un castigo ejemplar.
El prometedor historial del coronel fue de más a menos en unos cuantos años. De hecho, su actuación ya lo había puesto en la mira de las instancias internas del Ejército desde meses antes de lo ocurrido el martes 7 en Calera. Esto último fue imposible de ocultar y Pérez acabó por contribuir a su caída, de acuerdo con lo que confirmó Proceso con distintas fuentes, entre ellas, algunas de la propia milicia.
Pérez llegó a Fresnillo unos meses después de ser ascendido a coronel, al frente del 97 Batallón de Infantería. Este grupo fue trasladado de Querétaro a Zacatecas tras las gestiones del gobernador Miguel Alonso Reyes, quien cabildeó una millonada inversión (3 mil millones de pesos) para multiplicar las bases de fuerzas federales en el territorio estatal, que se disputan Los Zetas y el Cártel del Golfo.
Pese a los nuevos cuarteles del Ejército, la Armada y la Policía Federal, la violencia no bajó. Al contrario. Activistas, académicos y periodistas comenzaron a denunciar que los operativos y otras "incursiones" dejaban tras de sí allanamientos, tortura, detenciones arbitrarias y desaparecidos, como de hecho ocurrió inicialmente con las siete personas que fueron sacadas de un departamento del edificio ubicado en la calle Francisco I. Madero 106, en Calera, y cuyos cuerpos fueron encontrados en dos fosas en Jerez a la semana siguiente.
Parte de la información que de manera extraoficial ha sido divulgada por algunos medios locales apunta a que los siete ejecutados (que aparecieron con numerosos signos de tortura) eran "sicarios del Cártel del Golfo". Sin embargo, otros datos indican que por lo menos tres de ellos -dos adolescentes de 16 y 17 años y una mujer- eran integrantes de familias de jornaleros y habían trabajado en el campo en fechas muy recientes.
No sólo eso. Víctor Hugo, joven de 16 años, formaba parte de una numerosa familia de campesinos indígenas, los Cisne-ros...
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