Caso Ernestina Ascencio. Un remedio que no alcanza
| Autor | Gloria Leticia Díaz |
La impunidad que envuelve la muerte de Ernestina Ascencio Rosario, ocurrida bajo la sospecha de ser víctima de violencia sexual por parte de soldados del 63 Batallón de Infantería, trasciende al ámbito penal; toca fibras del espacio familiar, comunitario y de las indígenas mexicanas, coinciden representantes de las organizaciones sociales que litigan el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Carmen Herrera García y Patricia Torres, de Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos y de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, respectivamente, reflexionan sobre el proceso ante la CIDH.
Ambas también hablan de la audiencia virtual realizada el 4 de diciembre ante el organismo regional, en la que la representación de México refrendó la versión del gobierno de Felipe Calderón, de que Ascencio Rosario falleció por una "gastritis", y sobre el anuncio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de la reapertura del caso en la Fiscalía General del Estado de Veracruz, dado a conocer el 10 de diciembre en voz del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez.
Después de 13 años de la muerte de la señora Ernestina en la Sierra de Zon-golica y de la cuestionada intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que se plegó a la versión oficial del gobierno de Felipe Calderón, organizaciones sociales llevaron el caso ante la CIDH en 2012 y fue admitido en 2017.
Tras un intercambio de comunicaciones y presentación de alegatos, el 4 de diciembre se realizó la audiencia en la cual el director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Cristopher Ballinas Valdés, secundó los argumentos caldero-nistas, los del encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, Hernán Cortés Hernández, y del comisionado del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, Daniel Pereyra, quienes también participaron en el encuentro.
Carmen Herrera señala que en el litigio de admisibilidad del caso, el Estado mexicano se dedicó a deslegitimar a las organizaciones sociales que solicitaron la intervención de la CIDH tras haber sido cerrado el caso en 2007 por la entonces procuraduría estatal del gobierno veracruzano de Fidel Herrera.
Corrección a medias
Respecto del viraje del caso en el gobierno de López Obrador, Herrera y Torres consideran correcta la reapertura de las investigaciones. Sin embargo, ven como un error que...
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