Caso Nuevo Laredo. Reto para AMLO, la implicación de la Marina en desapariciones
| Autor | Gloria Leticia Díaz |
El jueves 3, alrededor de las 10:00 horas, cuando circulaba por las calles de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), recibió una llamada. Su interlocutor le pidió trasladarse a la calle Arteaga 1429, en la colonia Victoria, al oriente de la ciudad fronteriza.
Le comentó también que en ese domicilio -una antigua bodega habilitada como la Base de Operaciones Norte de la Secretaría de Marina- presuntamente estaban al menos 10 de las 51 personas detenidas por elementos navales entre enero y mayo de 2018, según el registro del CDHNL.
Cuando Ramos Vázquez llegó al domicilio -de 30x40 metros con paredes blancas destruidas, algunas con impactos de armas de alto calibre- sólo encontró cenizas en medio de tubos retorcidos que colgaban del techo, plafones, tablones de madera y estructuras de cemento y tablarroca.
El año pasado, familiares de personas detenidas y desaparecidas por marinos realizaron innumerables plantones a las puertas de ese inmueble, uno de los tres con los que cuenta la Secretaría de la Marina (Semar) en la región. Hasta la fecha permanecen desaparecidas 38 personas, mientras que 13 fueron encontradas sin vida, todas con signos de ejecución extrajudicial.
Esas imágenes fueron captadas por el CDHNL en vísperas de una reunión de alto nivel del gobierno federal -programada para la segunda quincena de enero- en la cual participarán integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para fijar las bases de un Mecanismo de Seguimiento de las investigaciones sobre 37 casos de desapariciones que lleva la Procuraduría General de la República (PGR) desde el año pasado.
La intervención de la CIDH se acordó el 5 de diciembre en una audiencia pública en Washington, en la que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por medio de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, se comprometió públicamente ante la presidenta del organismo regional, Margarette May Macaulay, a esclarecer las desapariciones forzadas en Nuevo Laredo y sancionar a los responsables, "sean quienes sean, independientemente de la institución a la que pertenezcan".
El compromiso de Encinas
En el encuentro del 5 de diciembre, Encinas admitió abiertamente la dimensión del problema de las desapariciones forzadas y dijo que las cosas cambiaron en México después del 1 de julio de 2018. Ningún funcionario se había pronunciado de esa...
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