El caso, en la ONU. Si no hay consulta, los megaproyectos violarían derechos humanos
| Autor | Gloria Leticia Díaz |
Ante la insistencia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en realizar el Tren Maya y otros megaproyectos en el sureste del país, defensores de derechos humanos alertan que, si no atienden los procedimientos de consulta con estándares internacionales, el Estado mexicano puede incurrir en actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Tras participar en la 65 sesión del Comité contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas, que se realizó en noviembre pasado en Ginebra, Suiza, los activistas que participaron en las audiencias llamaron al gobierno a verse en el espejo del guatemalteco, que fue sometido a revisión por parte de los expertos del mecanismo de la ONU.
En el país vecino del sur también existe una efervescencia de megaproyectos hidroeléctricos, turísticos, de extracción minera y de hidrocarburos. Algunos toparon con resistencia de la población, que también ha denunciado despojos y criminalización por parte de las empresas y del gobierno.
Las secuelas de la ocupación de territorios indígenas y campesinos sin consulta previa por empresas paraestatales y privadas, nacionales y extranjeras, se expusieron en las audiencias para analizar si Guatemala cumplió la Convención contra la Tortura y los Malos Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la ONU.
Después de tres días de labores, los expertos del CAT colocaron en el mismo nivel de preocupación la participación de fuerzas militares en tareas de seguridad interior y la utilización de empresas de seguridad privada, "que en ocasiones usurpan funciones que le corresponden a la Policía Nacional", ya que se presentaron denuncias por "la ejecución de desalojos forzosos por parte de la Policía Nacional Civil y el Ejército, así como grupos de seguridad privada, de manera violenta y haciendo uso de la intimidación y las amenazas, con gran impacto en las comunidades indígenas".
Miembros de la sociedad civil guatemalteca, coordinados por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), expusieron esa situación el pasado 15 de noviembre.
Helena Solá Martín, asesora de derechos humanos de la OMCT, explica en entrevista que la imposición de un mega-proyecto puede ser considerado violatorio a la mencionada convención -a la que México también se adhirió-, lo que será revisado por los expertos del CAT el próximo año:
"Lo que como OMCT podemos criticar es la falta de garantías para el debido proceso y cómo esto genera que comunidades, a veces de miles...
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