Castigo a los delincuentes electorales
| Autor | Héctor Tajonar |
Las escandalosas cifras dadas a conocer en Proceso 1941 por Jenaro Villamil revelan el desprecio de los gobernadores de Chiapas, Puebla, Estado de México, Jalisco, Veracruz, Nuevo León y Quintana Roo por la legislación electoral. Se trata de un ultraje impune, ante la pasividad (¿cómplice?) de las instituciones encargadas de garantizar la limpieza y equidad de los procesos comiciales, así como de sancionar a los delincuentes electorales: el Instituto Federal Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la entelequia conocida como Fiscalía Especial para Delitos Electorales.
La reforma política de 2007 introdujo dos cambios fundamentales en la Constitución: la prohibición expresa de que en la propaganda gubernamental se incluyeran "nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público" (artículo 134); y otra prohibición tajante: En ningún momento, los partidos políticos ni ninguna otra persona física o moral "podrá(n) contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos" (artículo 41). Ambos preceptos están siendo atropellados por los mandatarios mencionados, con la complicidad del duopolio televisivo, siguiendo al pie de la letra el ejemplo establecido por Enrique Peña Nieto cuando era gobernador del Estado de México. (Sobre la deficiente actuación del IFE y el TEPJF en dicho proceso, remito a dos textos de mi autoría: Peña Nieto-Televisa: Corrupción electoral, Zócalo, septiembre de 2012; y La elección imaginaria, Proceso 1872.)
El propósito central de dicha reforma constitucional fue garantizar una mayor equidad en las contiendas, evitando que el dinero para comprar espacio en medios electrónicos y, por ende, popularidad, fuese un factor decisivo para lograr la victoria en las urnas. Ello afectó directamente los intereses económicos de las dos grandes televisoras -que acapararon más de 95% del financiamiento público de las campañas federales en los comicios de 2006-, así como los intereses políticos y pecuniarios de partidos y candidatos.
Como era de esperarse, los beneficiarios de la situación anterior a la reforma de 2007 no se quedaron con los brazos cruzados y encontraron la manera de seguir lucrando con el jugoso "negocio de la democracia". Los concesionarios de la televisión reaccionaron con virulencia y se volcaron contra la reforma, calificándola de "atentado contra la libertad de expresión"...
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