Chiapas: Otro zarpazo de Sabines
| Autor | Raúl Ochoa E Isaín Mandujano |
El promotor José Roqueñí Reyes, administrador único de Operadora de Servicios Promocionales y Espectáculos, S.A. de C.V. (OSPE), esperó tres años para combatir la impunidad de que hicieron gala el gobierno de Chiapas y un grupo de particulares. Durante ese tiempo los demandó en vano ante las instancias locales por el despojo de un predio de 34.4 hectáreas, donde construyó el autódromo Chiapas con una inversión de 80 millones de pesos.
Por ello acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que el pasado 20 de enero le otorgó a su empresa el amparo y protección de la justicia federal (expediente 712/2011) contra actos de la autoridad. De acuerdo con este fallo, el inmueble y el terreno en disputa deberían regresar a su legítimo propietario.
Sin embargo, en franco desacato a la decisión del máximo tribunal, el 15 de febrero último la Segunda Sala Regional del Ramo Civil del Poder Judicial de Chiapas volvió a dictar un fallo que violenta el orden legal (toca 214/A2C01/2011, expediente 979/2009).
Por lo anterior, el 12 de marzo OSPE interpuso un nuevo recurso de amparo -314/2012- ante el Poder Judicial de la Federación y aguarda que en un término de 30 a 45 días hábiles se emita un fallo que le sea favorable.
La disputa por el predio ubicado en el municipio de Berriozábal, Chiapas, derivó en una compleja maraña judicial y de traiciones. Esta es la historia: el 24 de octubre de 2008 el empresario chiapaneco adquirió por medio de un contrato de compraventa, notariado y ratificado por las partes, el terreno denominado Río Agua Dulce. Se lo vendió la familia Cancino, integrada por los esposos Augusto Enrique Cancino So-lórzano y María Dolores Ruiz Arizmendi, y por los hijos de ambos, Enrique y Susy.
Sin embargo, a comienzos de 2009 los Cancino vendieron por segunda vez el mismo terreno, ahora al gobierno encabezado por Juan Sabines Guerrero. El 11 de marzo de ese año firmaron la escritura en la notaría pública 94 Augusto Cancino So-lórzano -en representación de su familia-y por el estado el secretario de Hacienda, Carlos Jair Jiménez Bolaños.
La versión del gobierno estatal para justificar la compra del terreno con recursos del erario, sin previa licitación y a un precio superior al de la primera venta -casi 7 millones de pesos-, es que realizó un "rescate financiero" por supuestos incumplimientos de pagos de OSPE a sus proveedores y a los vendedores del predio.
Con la certeza de haber realizado una compra legítima y tras un acuerdo con...
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