Cien días de gobierno
| Autor | Elisur Arteaga Nava |
Hay un cambio: quienes ocupan los cargos públicos están sujetos a un riguroso escrutinio; bien o mal de su grado, deben aceptar un marcaje personal, constante y estricto. Mucho más lo debe estar quien dijo y reiteró: "No les voy a fallar". El compromiso también obliga a quienes lo respaldaron y a quienes ocupan puestos en su administración.
La fecha del primer examen ha llegado; la del primer penoso reexamen, como dijera hace muchos años el jefe del Departamento de Estado John Foster Dulles. El que se hace en estas notas es limitado; está referido a un tema específico: el ámbito del derecho público, concretamente el constitucional y legal. Hay buenas razones para ello. Existe la creencia de que gran parte de los problemas que aquejan al país se pueden solucionar aplicando o reformando la Constitución Política. Muchos la invocan, en parte, para saciar sus ambiciones; otros, para justificar sus acciones. Pocos, muy pocos, para cumplirla.
Las reformas constitucionales propuestas por la actual administración pública, por requerir la aprobación de una mayoría reforzada y de la anuencia de las legislaturas locales, aún están en trámite. Los textos originales de las iniciativas sufrieron cambios; algunos de ellos de importancia. A estas alturas no se puede especular respecto de su idoneidad para resolver los problemas que las motivaron.
Jubilaciones y prestaciones a expresidentes
Por fin, después de más de un siglo de vigencia, tuvo cabal aplicación el primer párrafo del artículo 127 constitucional. Éste establece que todo servicio público es redituable y que la compensación debe ser proporcional a la responsabilidad. Si hay función, hay sueldo; si no la hay, cubrirlo es algo indebido, salvo el caso de las jubilaciones debidamente ganadas.
Por un acuerdo ejecutivo se venía pagando a los expresidentes una compensación que no respondía a la prestación de un servicio; hacerlo era contrario a las reglas aplicables a las jubilaciones de los empleados federales y violatorio del artículo 127 constitucional. La entrega de esas prestaciones violentaba el principio de igualdad. Por virtud del mismo acuerdo, con cargo a todos los mexicanos, esos exservidores públicos tenían asignado personal, vehículos y servicios. Eso se acabó. ¡Qué bueno! El presidente de la República, dentro de los primeros 100 días, ha revocado el ilegal acuerdo.
Sueldos
La Constitución, frecuentemente, ha sido utilizada para obstaculizar el libre juego democrático; fue usada para impedir al adversario político su acceso al poder, y si a pesar de todos los obstáculos existía el riesgo de que alguien no deseado accediera al poder, se le fijaban metas imposibles de alcanzar y, puestos en la oposición, con base en éstas, presionar al gobernante en turno u obstaculizar su acción gubernativa.
En...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba