Cinco cuestíonamientos al Monterrey VI
| Autor | Jesús Cantu |
Al proyecto se le hacen cinco grandes cuestionamientos: si realmente es la mejor solución para garantizar el abasto de agua del área metropolitana de Monterrey; el impacto ambiental que generará la solución del acueducto en la zona donde se extraerá el líquido, es decir la cuenca del río Panuco y sus alrededores; la pertinencia del modelo de financia-miento adoptado, que lleva el costo de la obra a 62 mil millones de pesos pagaderos en 27 años; la falta de transparencia en la asignación del contrato a un consorcio donde el contratista favorito del presidente tiene una participación de 37%; y desde luego, la falta de recursos del gobierno estatal para poner su parte.
Hasta hoy nada se ha avanzado (al menos la ciudadanía no está informada de algún avance) en ninguno de los primeros cuatro cuestionamientos, los principales para tomar la decisión de continuar o no con el proyecto. El único que se puso sobre la mesa en la reunión entre Peña Nieto y Rodríguez fue el último. Y desde luego, el titular del Ejecutivo federal estuvo dispuesto a revisar los porcentajes de participación del estado y la federación para asegurar que se le mantenga el contrato al Grupo Higa; para ellos sí hay dinero y el gobierno federal verá de dónde obtiene recursos.
En realidad éste debía ser el último punto a revisar. Primero hay que hacer una revisión técnico-financiera para estar ciertos de que es la mejor opción; es decir, saber si solucionará de la mejor forma el abasto de agua para el área metropolitana de Monterrey (en volumen y tiempo) y al menor costo posible.
En caso de determinarse que efectivamente lo es, debería hacerse el estudio del impacto ambiental y estar seguros de ncj provocar una catástrofe cuyos efectos negativos serán mayores que los probables beneficios de su realización.
Si se resuelven los dos primeros cuestionamientos favorablemente para el proyecto, hay que revisar el modelo financiero, pues es un hecho que se trata del más costoso; es decir, dado que es el particular quien financia la inversión, el gobierno termina pagando un diferencial muy alto en relación con el valor real de la obra. La gran ventaja es que no aparece en los pasivos del balance del gobierno del estado, pero a un costo elevadísimo; sin embargo, dado el alto endeudamiento del gobierno estatal, probablemente sea la única opción.
Suponiendo, sin conceder, que se salvan los primeros tres puntos, debe revisarse con lupa el proceso de licitación de la obra, pues los escándalos...
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