Círculo de impunidad en la Sedena
| Autor | Arturo Rodríguez García |
El día que el teniente de infantería José Guadalupe Orizaga y Guerra acudió a declarar sobre la tortura, incomunicación y retención ilegal de las que fue objeto durante cinco días por parte de agentes de la Policía Judicial Federal Militar (PJFM), se llevó una sorpresa: el fiscal castrense que le tomó la declaración, Luis Chagoya Meinguer, era el mismo que presenció las sesiones en las que fue vejado.
Era 2013 cuando el militar supo que estaba inmerso en un círculo de impunidad.
Todo empezó el 30 de junio de 2011, cuando fue detenido por su presunta participación en el asesinato de Jethro Ramsés Sánchez Santana, un ingeniero morelense detenido el mes anterior por policías municipales de Cuernavaca.
Los uniformados lo entregaron a policías federales, que lo llevaron al 21 Batallón de Infantería, donde una Fuerza de Reacción, de la que Orizaga y Guerra era comandante operativo, se hizo cargo de él (Proceso 1852).
En la detención de Sánchez Santana, quien murió a causa de la tortura a la que fue sometido, participaron ocho policías municipales, 10 federales y una veintena de soldados, pero sólo Orizaga y Guerra y otros dos militares están presos bajo cargos que, conforme a documentos obtenidos por Proceso, les fueron imputados bajo tortura e ilicitudes por las autoridades castrenses.
Es decir, para resolver rápido la muerte de un civil por tortura, el aparato de justicia militar torturó a sus soldados.
Tras la desaparición del ingeniero, ocurrida el 1 de mayo de 2011, sus familiares y organizaciones civiles llevaron a cabo varias movilizaciones para exigir a las autoridades su presentación. Semanas después su cuerpo fue localizado en Atlix-co, Puebla, semienterrado en un paraje.
Según los organismos de derechos humanos, se trató de una ejecución extra-judicial. El caso de Sánchez Santana fue uno de los de mayor impacto en el gobierno de Felipe Calderón, sobre todo después de que el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad se solidarizó con Héctor Sánchez López, padre del ingeniero, y sus familiares.
La presión ciudadana motivó la salida del comandante de la XXIV Zona Militar, general Leopoldo Díaz Pérez, quien nunca fue sometido a proceso.
El 30 de junio siguiente, un grupo de la PJFM detuvo a varios militares, entre ellos a Orizaga y Guerra, quien fue trasladado de Cuernavaca al Campo Militar Número 1-A en la Ciudad de México, donde, según su declaración, permaneció encerrado en un cuarto para oficiales en las instalaciones de la Tercera...
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