CNDH: que la ONU investigue desaparición forzada

AutorJorge Carrasco Araizaga

Participante por primera vez en una sesión ante ese comité, la CNDH busca que el gobierno de Enrique Peña Nieto termine con su ambigüedad y acepte la jurisdicción de esa instancia de la ONU, a fin de que pueda recibir y examinar peticiones individuales de investigación por parte de quienes se digan víctimas de violaciones -por parte del Estado mexicano- de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas.

Durante esos dos días el comité examinará si México ha cumplido con la Convención, en momentos en los cuales el gobierno federal está bajo el escrutinio internacional por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, pero también por los altos índices de violencia e inseguridad.

Según un documento que circula entre las organizaciones no gubernamentales que participarán en el encuentro, la CNDH coincidirá con los grupos de la sociedad civil para que México acepte ya la competencia de ese comité.

Para la CNDH, la posición de México en el tema es incierta y ambigua, pese a la insistencia de la comunidad internacional.

El ómbudsman nacional Luis Raúl González Pérez, pedirá también que el Estado mexicano actualice y homologue las bases de datos sobre desaparición forzada en el país, puesto que cada entidad de la República hace sus cuentas a discreción.

Uno de los criterios que propone para elaborar esas bases es que las desapariciones no se atribuyen únicamente a agentes del Estado, sino también a los particulares que actúan con el apoyo o consentimiento de representantes estatales y que actualmente son consideradas sólo como desapariciones responsabilidad de la delincuencia organizada. Además, dice, deben incluirse los particulares que delinquen sin la aquiescencia de los agentes del Estado.

Paralelamente propone "una ruta veri-ficable" de cuándo y cómo se retirarán las Fuerzas Armadas de los operativos de seguridad. Aunque el documento no lo expresa, el propósito es deslindar responsabilidades de los militares, toda vez que soldados y marinos están acusados ante la CNDH de graves violaciones a los derechos humanos.

Para el organismo, la impunidad en que quedaron las desapariciones forzadas en los setenta y principios de los ochenta, atribuidas a policías...

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