La CNDH, tras la pista de la corrupción inmobiliaria
| Autor | Gloria Leticia Díaz |
Poner al descubierto los posibles actos de corrupción entre empresas inmobiliarias y servidores públicos es uno de los ejes de la investigación iniciada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre los sismos del 7 y del 19 de septiembre, que dejaron un saldo de casi 400 muertos. Al menos esta es una de las expectativas planteadas por el organismo, de acuerdo con el segundo visitador general Enrique Guadarrama López, coordinador de la investigación iniciada por la CNDH, que hasta el viernes 20 acumulaba 169 quejas de 116 de habitantes de la Ciudad de México.
La corrupción permea los derrumbes y daños en decenas de inmuebles dañados, de manera particular en la Ciudad de México, donde desde hace años vecinos de diversas colonias han denunciado irregularidades en edificaciones asentadas en delegaciones como Benito Juárez y Cuauh-témoc, las más afectadas por el sismo de 7.1 grados Richter del 19 de septiembre.
"La sociedad mexicana tiene derecho a la verdad, saber qué pasó, cuáles fueron las causas de la caída o desplome de edificios", reclama Guadarrama en entrevista con Proceso, y puntualiza: "Lo que tenemos como objetivo es determinar si la situación es derivada del evento natural o si el evento vino a mostrar una serie de anomalías en el actuar de la autoridad".
Para acercarse a la verdad, por lo pronto, el organismo emitió al menos dos medidas cautelares, el 25 y 29 de septiembre, dirigidas a la secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Patricia Mercado, y al procurador general de Justicia, Edmundo Porfirio Garrido, para "que se tomen todas las medidas para preservar los lugares en donde hubo colapso o derrumbe de inmuebles, para que permitan llevar a cabo las investigaciones penales o administrativas, inclusive la investigación propia de la CNDH".
En ambos documentos, de los cuales este semanario tiene copia, se pide a las autoridades capitalinas que tomen las medidas necesarias para que las instalaciones de inmuebles, como las del "Colegio Enrique Rébsamen", por el que se abrió una carpeta de investigación, así como las de otros que "se encuentren (sujetos) a una indagatoria ministerial (...) no sean alteradas y permanezcan tal y como quedaron al concluir las labores de rescate".
De acuerdo con Guadarrama, "el propósito de las medidas es preservar evidencias para que las investigaciones nos arrojen las causas de la caída o desplome de edificios y determinar responsabilidades".
De las 116 quejas abiertas, 20 están relacionadas con casos de inmuebles derrumbados; 15 con la revisión de edificaciones que presentan daños estructurales; 29 con quejas de...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba