Colados e indeseables

AutorNeldy San Martín y Juan Carlos Cruz

En una reunión con su gabinete legal y ampliado en el Salón Tesorería de Palacio Nacional efectuada el pasado 28 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador mostró su preocupación por algunos nombramientos de servidores públicos con pasado dudoso que habían salido a la luz poco antes de cumplirse sus primeros 100 días de gobierno.

Como lo había hecho en reuniones anteriores, les pidió a sus colaboradores investigarlos y verificar sus antecedentes antes de sumarlos a la administración. Les aseguró que se trataba del cambio verdadero y no se podía hacer algo nuevo con los que estaban antes. "Hay que fijarse, no se puede confiar en la gente que estaba", les dijo, según una fuente presente en la reunión que pidió anonimato.

El regaño no era gratuito. Seis días antes fue cesado como administrador central de Investigación Aduanera del Servicio de Administración Tributaria (SAT) Jesús Torres Charles, luego de que fue señalado presuntamente de ser parte de la historia negra de Coahuila. Preocupado por el nombramiento, el "superdelegado" en la entidad, Reyes Flores Hurtado, envió una carta, de la que Proceso tiene copia, a la titular del SAT, Margarita Ríos-Farjat, y al propio presidente en la que acusaba a Torres Charles de presunta protección a Los Zetas cuando fue procurador de Justicia en la administración de Humberto Moreira (2009-2011).

"Torres Charles era el fiscal general cuando el cártel con el que se le vincula desapareció a alrededor de 300 personas en Allende y Nava, Coahuila, algunas de las cuales fueron ingresadas al Centro Penitenciario de Piedras Negras, donde las torturaron y asesinaron, lo cual tiene relevancia si consideramos que los penales en ese entonces eran responsabilidad del fiscal, cargo que recaía en el señalado Torres Charles", apunta la misiva.

Ríos-Fajat separó del cargo a Torres Charles.

En entrevista con Proceso, Flores Hurtado dice desconocer cómo se coló Torres Charles en el gobierno: "No es casualidad, me preocupa que su nombramiento haya tenido que ver con una lógica de controlar las aduanas para actos ilícitos".

El de Torres Charles no es el único caso, pues otros nombramientos también pasaron inadvertidos. Uno de ellos es el de Javier Guerrero García, un expriista de Coahuila, quien es jefe de la Unidad de Gobierno en la Secretaría de Gobernación.

En 2011, primer año del gobierno de Rubén Moreira, Guerrero fue secretario de Fomento Económico en la entidad, pero renunció en 2012 para integrarse al equipo de Rosario Robles en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

El periodo en el que ella estuvo al frente de la dependencia (2012-2015) Guerrero García fue subsecretario de Desarrollo Comunitario y Participación Social, justo cuando se implementó la cuestionada Cruzada Nacional Contra el Hambre.

Esa estrategia desapareció cinco años después de su puesta en marcha, a pesar de haber sido anunciada en 2013 por el entonces presidente Enrique Peña Nieto como una prioridad. Como documentó Proceso en su portal, en febrero de 2015 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un daño al erario de al menos 845 millones de pesos en 2013 a través de cinco convenios entre la Sedesol y las universidades públicas del Estado de México y de Morelos.

El contrato de mayor valor, por 396 millones, tenía como fin "el abastecimiento de los promotores de la Cruzada" con pa-liacates, tortilleros, portacredenciales, vasos y gorras, que se facturaron a empresas inexistentes.

"Estos artículos no corresponden con los objetivos que establece el decreto del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, que son: cero...

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