El colapso veracruzano

AutorAlberto J. Olvera

Veracruz es un estado que desde hace varios años se halla en estancamiento económico, con aumento del desempleo y disminución de la calidad del empleo disponible. Se han perdido puestos de trabajo formales y se han creado más informales, lo que se ha traducido en una caída del poder adquisitivo en general.

Durante la década pasada, el incremento en el gasto público estatal había compensado la debilidad de la inversión y el gasto privados. Pero en 2010, al calor de las campañas por la gubernatura de la entidad, el estatal se desbocó, la deuda pública aumentó sin freno y el sexenio de Fidel Herrera terminó en una crisis fiscal sin precedente, con las arcas estatales (y muchas municipales) vacías. Aunque el monto real de la deuda se desconoce, economistas locales la calculan en 40 mil millones de pesos, y buena parte de ella es de corto plazo, de modo que su servicio consume una elevada proporción del presupuesto de la entidad.

El gobierno de Herrera se caracterizó por la más absoluta discrecionalidad en el gasto, la adjudicación sin licitación de obras públicas a empresas que surgieron de la noche a la mañana, el control de los medios de comunicación mediante regalos, prebendas, becas y viajes para los periodistas, así como generosos contratos de publicidad. No hubo planeación digna de ese nombre, sino un gobierno de un solo hombre que decidía todo y por todos, y que para gobernar de esa manera estableció acuerdos, explícitos o implícitos, con todos los poderes fácticos regionales. El combustible que alimentaba ese poder concentrado era el dinero público, o el que se ejercía a través del sector público, cuyo origen y composición no están del todo claros.

La campaña electoral de 2010 fue un parteaguas de la historia política de la entidad, y en cierta medida del país, porque entonces se rompieron todos los principios que rigieron la débil e incompleta transición a la democracia electoral mexicana: independencia del órgano electoral, equidad de la competencia, regulación de gastos de campaña y severa limitación de la inversión privada en el proceso. Esas elecciones han sido las más costosas de la entidad, y el derroche del PRI y del PAN alcanzó niveles nunca vistos. Quiénes y cómo financiaron las campañas es algo que no sabemos y quizás nunca sepamos. Lo cierto es que los intereses privados que intervinieron en el proceso deben haber esperado algún reintegro.

El gobierno estatal actual recibió el poder pero no el dinero. Imposible repetir el...

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