Condena por denegación de justicia
| Autor | Francisco Marín |
VALPARAÍSO, CHILE.- "Es bueno que toda la gente conozca este fallo, que sepa de su importancia y trascendencia y nos reconozca a nosotros, los militares que dimos un ejemplo de honor y cumplimiento con el deber".
Habla el exintegrante de la Fuerza Aérea de Chile (Fach), Mario González Rifo, en entrevista con Proceso. Expresa su "enorme satisfacción" por "el fallo histórico" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), que condenó al Estado de Chile por "denegación de justicia".
Lo anterior, por "no haber ofrecido un recurso efectivo para dejar sin efecto un proceso penal que tomó en cuenta pruebas y confesiones obtenidas bajo tortura", dio a conocer dicha instancia oficialmente el jueves 8.
Entre 1973 y 1975, primeros años de la dictadura pinochetista, González Rifo y otros 11 peticionarios fueron juzgados por consejos de guerra y condenados "por traición a la patria", entre otros supuestos crímenes. Dichas condenas -que afectaron a casi 70 miembros de esa rama castrense- fueron validadas en la transición a la democracia, en 1990.
En la sentencia de la Coidh -acordada el pasado 2 de septiembre- también se consideró que Chile era "responsable por la excesiva demora" en iniciar una investigación respecto de las torturas recibidas por cuatro de los 12 demandantes: Ivar Rojas Ravanal, Alberto Bustamante Rojas, Alvaro Yáñez del Villar y Ornar Maldonado Vargas.
La causa que investiga estos hechos sólo se abrió en agosto de 2013, "12 años después que el Estado tuviera noticia de los hechos, por medio de la interposición de un recurso ante la Corte Suprema (el 10 de septiembre de 2001)", señaló la Coidh en su fallo.
La Coidh "estableció que su sentencia constituye per se una forma de reparación" y ordenó al Estado hacer un "acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional", así como develar una placa con los nombres de las víctimas en la Academia de Guerra Aérea (AGA), que tras el golpe militar se convirtió en centro de detención y tortura.
La Corte también exigió a Chile poner a disposición de las víctimas de este caso -en el plazo de un año- "un mecanismo que sea efectivo y rápido para revisar y anular las sentencias de condena que fueron dictadas en la referida causa en su perjuicio".
Asimismo, los tribunales chilenos tendrán que concluir "en un plazo razonable", las investigaciones de las torturas relacionadas con el presente caso. Chile también deberá indemnizar -con montos que varían entre 25 mil y 30 mil dólares- a...
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