Condena unánime: la peor cara de México en materia migratoria
| Autor | Isaín Mandujano |
TAPACHULA, CHIS.- Ante la primera caravana de migrantes de 2020, el gobierno federal reforzó las medidas de seguridad a lo largo de los 965 kilómetros de la frontera sur del país para frenar la entrada de indocumentados centroamericanos -en particular los procedentes de Honduras- que intentan llegar a Estados Unidos atravesando territorio nacional.
Efectivos de la Guardia Nacional (GN), del Instituto Nacional de Migración (INM), así como de la Marina y de la Policía Militar formaron un muro de contención casi impenetrable en la localidad del Ceibo, en Tenosique, Tabasco, y el Suchiate, en la zona baja del Soconusco de Chiapas.
En esos puntos, agentes migratorios y de la GN frenaron a los casi 5 mil integrantes de la caravana de centroamericanos. Y empezó la cacería contra quien intente desplazarse hacia la frontera con Estados Unidos.
El viernes 24 ya habían sido deportadas 867 personas; 627 de ellas vía aérea y 240 vía terrestre. Ese mismo día en Ginebra, Suiza, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, expresó su rechazo al uso de la fuerza perpetrada por la GN contra los migrantes centroamericanos.
En rueda de prensa, Elizabeth Thros-sell, portavoz de la ACNUDH, expresó que "el uso de la fuerza para detener o dispersar migrantes -en este caso de las caravanas- debería ser evitado, incluyendo el uso de armas no letales".
Y añadió: "El uso de la fuerza -y esto incluye el uso de fuerza menos letal- tiene que ir en línea con los principios de necesidad, proporcionalidad y contención".
Andrej Mahecic, vocero del Alto Comisionado para Refugiados (ACNUR), apoyó lo dicho por la oficina de Bachelet y agregó que es indispensable que las autoridades mexicanas recuerden que "están sujetas a leyes internacionales en lo que se refiere a las normas de protección de refugiados".
Según Mahecic, "cualquier persona que afirma huir de la violencia, que teme por su vida o corre peligro y clama por asilo, tiene derecho a solicitarlo y se le debe autorizar para permanecer en el territorio en donde lo pide".
Claudia León, del Servicio Jesuita de Atención a Migrantes, así como miembros del Colectivo de Observación y Moni-toreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano, integrado por organizaciones civiles y activistas defensores de derechos humanos, consideran que, literalmente, "hay una cacería humana".
Los patrullajes en hoteles y posadas en la plaza central de Tapachula, donde siempre se concentran los...
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