Condenado por la opinión pública
| Autor | Jesús Cantú |
Por si esto fuera poco, unos días después se divulgó que el entonces diputado había hecho depósitos en un par de cuentas de cheques por casi 25 millones de pesos en un lapso de tres años y medio, sin que en ese mismo periodo hubiese siquiera rendido una declaración de impuestos. Los alegatos del entonces diputado apenas pudieron acreditar ingresos por menos de una tercera parte de dicho monto y, desde luego, nunca justificar la ausencia de declaraciones ante Hacienda.
El vínculo estaba ya sembrado en la opinión pública nacional: estos ingresos únicamente podían explicarse en función de la relación de Godoy Toscano con el crimen organizado. Éste y su defensa mantienen la línea argumentativa que les puede resultar favorable en los tribunales, pero que no demuestra su inocencia y menos puede resultar exitosa ante la ciudadanía. En este escenario el desafuero concretado el pasado martes 14 de diciembre fue un mero formalismo.
Es la segunda ocasión en poco más de 73 meses que la Cámara de Diputados desafuera a legisladores perredistas, y en ambas ocasiones la mayoría de la bancada del partido del sol azteca votó favorablemente al sentido el dictamen.
El 4 de noviembre de 2004, el Pleno de Diputados, erigido en Jurado de Procedencia, aprobó el dictamen para desaforar a René Bejarano con únicamente siete votos en contra y 15 abstenciones. En el caso de Godoy Toscano fueron sólo dos votos en contra, aunque hubo 21 abstenciones.
Al hablar en nombre de su grupo parlamentario, Alejandro Encinas dejó claro su posicionamiento: “Será la autoridad competente quien lo resuelva, pero queremos dejar claro ante la sociedad, ante todas las mexicanas y los mexicanos, que de ninguna manera nuestro grupo parlamentario, nuestro partido, incurrirá en acciones que provoquen sospecha sobre nuestro desempeño legislativo, sobre nuestra honorabilidad y sobre nuestras responsabilidades políticas. Por ello, quiero dejar claramente establecido nuestro deslinde tajante de cualquier relación con acciones delictivas y con la delincuencia organizada. El país requiere de transparencia y congruencia entre quienes desempeñamos funciones públicas”.
Más que la definición frente a los legisladores y la fundamentación del sentido de su voto, era una respuesta a la opinión pública, a los ciudadanos, sobre todo a los electores, que deben expresar su veredicto en las urnas. Era el partido rendido frente a la soberanía popular: los medios habían exhibido las evidencias en contra de Godoy...
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