¿Congresos fraudulentos?
| Fecha de publicación | 11 Mayo 2020 |
| Autor | AlbertoAguirre |
Por separado, los partidos que integran el Bloque de Contención acudieron hace un año a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para presentar sendas acciones de inconstitucionalidad para demandar la invalidez del artículo octavo transitorio de la Constitución de Baja California.
El Partido de Baja California, de registro local, y la CNDH también pidieron la anulación de la llamada Ley Bonilla, que ampliaba el periodo del gobernador electo en el 2019 de dos a cinco años. Un “gran fraude a la Constitución y al proceso democrático”, definió el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, al definir su voto a favor del proyecto de Fernando Franco González Salas. Unánime, el fallo que restaura el orden legal y obliga al mandatario morenista a respetar las reglas de la competencia democrática.
Los legisladores fronterizos, juzgó el ministro presidente, cometieron un “ilícito constitucional atípico”, una “maquinación a través de la cual se quiso burlar la voluntad popular”.
Zanjada la discusión sobre la pertinencia de la Ley Bonilla, los reflectores deben virar rápidamente hacia Veracruz, donde las directivas locales y nacionales del PAN, el PRI y el PRD --extrañamente Movimiento Ciudadano aún no se pronuncia al respecto-- han decidido ir juntos, contra la iniciativa de reforma electoral, presentada hace 10 días por la mayoría morenista en el Congreso local.
La contingencia sanitaria no fue pretexto. El argumento central es la austeridad. Y sin buscar el consenso del resto de las fuerzas políticas, la bancada que encabeza Juan Javier Gómez Casarín, presentó una propuesta “de última generación”, que buscaría incorporar: el voto electrónico y la consulta popular que a la postre impedirá la revocación del mandato para servidores públicos de elección popular.
El cambio de fondo radica en la propuesta de adelgazar la estructura del órgano electoral, para desaparecer los 217 consejos electorales --uno por cada municipio-- y concentrar la organización electoral y el conteo de votos en sólo 30 consejos distritales.
El remedio sería peor que la enfermedad, de acuerdo a los críticos de la propuesta, pues además de generar un incremento en el gasto --ahora por concentración de funciones y competencias-- se afectaría el principio constitucional de certeza y la capacidad de las autoridades electorales para realizar el cómputo de las elecciones, ya que existen distritos locales que concentrarían paqueterías de hasta 18 municipios, como es...
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