Una constructora pone en riesgo la carrera de Trudeau
| Autor | Jaime Porras Ferreyra |
MONTREAL, CANADÁ.- Justin Trudeau enfrenta la mayor crisis desde que asumió el cargo de primer ministro canadiense. La tormenta estalló a principios de este año y podría convertirse en un obstáculo para la reelección del premier, el próximo octubre.
El comisionado de ética y un comité parlamentario abrieron investigaciones para saber si Trudeau y algunos de sus colaboradores presionaron a Jody Wilson-Raybould -quien el pasado febrero renunció a sus cargos de ministra de Justicia y fiscal general- para que SNC-Lavalin, la constructora más grande del país, evite un juicio por corrupción.
El 27 de febrero, Wilson-Raybould presentó su versión frente al comité parlamentario. "Entre septiembre y diciembre de 2018 fui objeto de una presión constante y sostenida por parte de miembros del gobierno, que buscaban interferir (...) en el ejercicio de mis funciones como fiscal", afirmó. Trudeau negó estos dichos, aunque ha matizado su versión al paso de los días.
SNC-Lavalin
Un artículo de The Globe and Mail, el 7 de febrero, desencadenó la crisis. El diario citó fuentes gubernamentales anónimas y contó que "la oficina del primer ministro" ejerció fuertes presiones varios meses sobre Wilson-Raybould para que evitara un proceso judicial contra SNC-Lavalin, empresa que habría pagado sobornos en Libia. Ese mismo día Trudeau desmintió la noticia.
SNC-Lavalin, una de las mayores compañías de ingeniería del mundo, tiene proyectos en más de cien países. Una de las naciones donde obtuvo mayores contratos en los últimos lustros fue Libia. El gobierno canadiense abrió una investigación por las sospechas de que la empresa pagó millonarios sobornos al círculo más cercano del entonces líder libio, Muamar Gadafi, entre 2001 y 2011, para ganar licitaciones.
Una modificación al código criminal canadiense permite que una compañía no vaya a juicio a cambio de que admita los hechos y pague una multa. El objetivo, según los liberales que plantearon la reforma, es evitar que trabajadores y jubilados sufran las consecuencias. SNC-Lavalin busca un acuerdo de este tipo, pues si es declarada culpable en un juicio tendría vetada su participación en licitaciones públicas en Canadá -donde tiene 9 mil empleados- durante 10 años.
Democracy Watch es una organización canadiense que vigila las responsabilidades gubernamentales y empresariales. Duff Conacher, su director, dice en entrevista: "Las compañías saben que no obtendrán contratos en varios países si no pagan sobornos. Hay...
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