El cónsul de San Bernardino se apropia de fondos de los migrantes
| Autor | J. Jesús Esquivel |
WASHINGTON.- Con documentos oficiales, copias de contratos, evidencias fotográficas y declaraciones de funcionarios mexicanos, Proceso desmadeja la estratagema de robo del cónsul Enrique Salomón Rosas Ramírez -quien se dice amigo de César Duarte, al cual se atribuye un desfalco superior a los 3 mil millones de pesos al erario estatal durante su gestión como gobernador en Chihuahua- para exponer un caso de corrupción evidente y hurto de 30 mil dólares destinados a la defensa de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos.
Oriundo de Tamaulipas y enviado el 1 de mayo de 2016 como cónsul de México a San Bernardino por la entonces canciller Claudia Ruiz Massieu, Rosas Ramírez aprovechó la falta de rigurosidad para auditar el uso legal de los recursos de las dependencias diplomáticas en Estados Unidos por parte de Luis Videgaray, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), para embolsarse tranquilamente los 30 mil dólares. En enero de 2017 y frente al endurecimiento de la política migratoria y ataques sin fundamento a los migrantes mexicanos provenientes del presidente Trump, el gobierno de Enrique Peña Nieto destinó mil millones de pesos para que se repartieran entre los 50 consulados de México en territorio estadunidense.
Los recursos enviados a través de la SRE tenían como objetivo único cubrir los costos de la contratación de abogados migratorios y organizaciones civiles avaladas por el gobierno de Trump para representar y asesorar a los indocumentados mexicanos afectados por la política migratoria del mandatario republicano.
La asesoría legal de abogados y organizaciones civiles serviría para asistir a los migrantes en caso de que tuvieran posibilidades de resolver su situación irregular de residencia en Estados Unidos.
Con la canalización de los recursos la cancillería bajo las órdenes de Videgaray estableció el programa Fortalecimiento a la Atención de Migrantes en Estados Unidos (FAMEU), como lo define el oficio PME104 667.17 de la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior (DGPME).
El documento de Videgaray
Con fecha 27 de abril de 2017, la SRE emitió en un comunicado oficial dirigido a los 50 consulados la Bitácora de Actividades que detalla los requisitos para la contratación de abogados migratorios y de las organizaciones civiles.
En el numeral tres, que alude a los "requisitos" para la suscripción de los contratos, el documento indica: "La organización deberá contar con la debida acreditación ante el Board of Immigration Appeals (BIA) o a partir...
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