Continuismo anticrimen
| Autor | Erubiel Tirado |
Las variaciones de algunos enfoques como el preventivo, la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la centralización de decisiones con el empodera-miento de la Secretaría de Gobernación, la gendarmería y el enfoque norteamericano de su agenda de seguridad ponen en entredicho el supuesto cambio de paradigma que pregonan el nuevo gobierno y sus analistas "independientes".
La administración de Peña Nieto apostó a la acción focalizada (forzando incluso la omisión de intervenciones policiacas y militares) y control de información para bajar la percepción social de inseguridad. En el nuevo entramado, las claves son: centralización, rigidez burocrática y política de las estructuras de seguridad modificadas.
Sin embargo, la violencia persiste (tanto la derivada del crimen organizado y el narcotráfico como la de delitos comunes que afectan la integridad de las personas) y la inquietud social se mantiene constante (84% de la población se siente "poco o nada segura", de acuerdo con Parametría). Sobre el primer aspecto, destaca incluso el asombro, dentro y fuera del gobierno, que atribuía la agudización de la violencia a los ostentosos operativos conjuntos del calderonismo. La persistencia del síntoma apunta a un problema estructural que no atacó Calderón y que Peña Nieto sigue ignorando.
El presidente anunció el 27 de agosto último una disminución de 20% en el índice de homicidios relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico, cifra ya cuestionada por especialistas respecto a la poca transparencia y rigor con la que se determina metodológicamente. Lo cierto es que la nueva administración acumula un promedio de mil homicidios por mes en esta categoría de vinculación delincuen-cial (según un reporte del Congreso de Estados Unidos elaborado a partir de información del gobierno mexicano) y no hace mucha diferencia con el calderonismo. La promesa de Peña Nieto fue disminuir la incidencia en 50% durante su primer año de gestión.
La desaparición de la SSP -hoy es un apéndice de Gobernación- fue un acto de revanchismo político, no el resultado de una profunda revisión y mejor aprovechamiento de los recursos institucionales de la seguridad pública. El redimensionamiento sirvió de base para una encarnizada lucha por repartición de puestos que dio lugar a una rara mezcolanza de burócratas (algunos sin experiencia) y operadores de seguridad priistas (tanto de administraciones federales pasadas como de gobiernos estatales), panistas...
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