Peñistas de corazón
| Autor | Jorge Carrasco Araizaga |
El candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, ha sido el gran protegido del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Ni las violaciones a la Constitución y a la ley electoral en la promoción de su imagen, reconocidas por el propio organismo, fueron suficientes para que los magistrados se atrevieran a detenerlo en su carrera hacia a Los Pinos.
Desde 2009, cuando el PAN y el PRD comenzaron a impugnar el proselitismo ilegal del entonces gobernador del Estado de México, el TEPJF se convirtió en el principal defensor de Peña, del PRI y de uno de sus aliados, el Partido Verde, aun contra la propia legislación electoral.
Con decisiones unánimes o de mayoría en la Sala Superior del Tribunal o de gestiones oficiosas de algunos de sus magistrados, la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral ha sido, hasta ahora, uno de los principales soportes del PRI en su pretensión de recuperar la Presidencia de la República.
Su decisión más reciente fue la de apoyar al Instituto Federal Electoral (IFE) en su negativa de congelar los fondos y cuentas del banco Monex que presuntamente utilizó el PRI para la compra de votos a favor de Peña. La medianoche del sábado 30 de junio, a unas horas de que comenzara la jornada electoral, los siete magistrados de la Sala Superior apoyaron por unanimidad y sin discusión la decisión del IFE.
El TEPJF cerró así el paso a la primera denuncia sobre la utilización de alegados recursos ilegales por parte del PRI para la compra y coacción del voto, aunque después el PAN y el PRD han aportado más información sobre la utilización de las tarjetas prepagadas de Monex y de la tienda Soriana.
Las nuevas pruebas, presentadas ante el IFE, el TEPJF y la Fepade, constituyen, para el candidato del Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, una de las causas para invalidar la elección del domingo 1.
A propuesta del magistrado Manuel González Oropeza, la Sala Superior confirmó la noche del día 30 la negativa de la Comisión de Quejas y Denuncias del IFE a congelar los fondos de las cuentas o contratos de Monex con personas físicas o morales supuestamente relacionadas con el PRI.
Según el tribunal, las pruebas aportadas por el PAN para solicitar la congelación de las cuentas, para evitar la compra y coacción del voto, tanto en el periodo de veda como durante la jornada electoral, no fueron suficientes para acreditar la denuncia.
Las dos tarjetas que el PAN presentó como prueba "no fueron suficientes para acreditar los hechos denunciados, ya que además de formar parte de una serie de 9 mil 924 documentos contratados por una persona moral para un periodo determinado, de ellos no se sigue la supuesta compra de votos alegada", informó el TE-
PJF en un comunicado emitido a la 1:07 de la mañana del día 1 de julio.
Electos en noviembre de 2006 para un periodo de 10 años, los magistrados electorales están marcados por su cercanía con el PRI. El propio presidente, Alejandro Luna Ramos, fue militante de ese partido en su juventud; su antecesora, María del Carmen Alanís Figueroa, fue exhibida luego de una reunión con los operadores de Peña Nieto.
El magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar también fue evidenciado luego de una reunión con el expresidente municipal de Tijuana Jorge Hank Rhon, cuando éste tenía un juicio en el TEPJF para poder registrarse como candidato a gobernador de Baja California. La reunión fue revelada por el reportero Álvaro Delgado (Proceso 1712). Tanto Alanís como Nava eran los encargados de los juicios en los que los involucrados eran Peña y Hank.
Otro magistrado, Flavio Galván Rivera, quien en 2007 fue depuesto de la presidencia del tribunal, en una maniobra de Alanís y Nava, también ha sido un sólido defensor del candidato del PRI. En 2009, cuando arreciaron las denuncias contra Peña por su promoción anticipada, dijo que sus actos no tenían carácter electoral por el mero hecho de que no estaba...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba