No corro, no grito, no protesto
| Autor | Jesusa Cervantes |
Mientras en el Senado de la República el PRI y el PAN negocian la reforma energética, en paralelo y en sigilo, diputados de esos mismos partidos confeccionan leyes secundarias para inhibir y criminalizar las manifestaciones. Incluso planean facilitarle al Ejecutivo federal la declaratoria de "suspensión de derechos y garantías" ante protestas que impliquen "perturbación grave de la paz pública".
Legisladores de izquierda acusan que las cartas están echadas para que reviva el PRI autoritario. "El 3 de diciembre se aprobó la Ley contra el Terrorismo que criminaliza la protesta social; después, la madrugada del 6 de diciembre, entregan al presidente la facultad para decidir por sí solo suspender garantías, y el próximo martes avalarán una nueva ley contra manifestaciones".
El diputado perredista Roberto López Suárez -que votó en contra de las dos primeras leyes y alerta sobre la tercera- sostiene que la dupla PAN-PRI se ha puesto de acuerdo para mandar un mensaje a la opinión pública: "Si se manifiestan contra la privatización del petróleo serán sancionados o catalogados como terroristas".
Para la legisladora del PT Loretta Ortiz Ahlf, desde la Cámara de Diputados se pretende "pavimentar" un camino que "frene" cualquier manifestación provocada por la entrega de "licencias acotadas a grupos internacionales en la explotación de hidrocarburos o cualquier otro motivo que genere malestar social".
En consonancia con esos legisladores, el diputado federal por MC Ricardo Mejía Berdeja advirtió la madrugada del viernes 6, durante la aprobación sin debate de la reforma política, que "se debe ver todo el conjunto de leyes. Es todo un entramado de restauración, endurecimiento, antidemocracia y pérdida de derechos".
Fácil, la suspensión
Las leyes se han ido armando, paso a paso, en una lógica "represiva y autoritaria", dice López Suárez.
Hay que analizar en qué contexto se aprueba la ley contra el terrorismo, pero sobre todo, añade, lo sucedido la madrugada del viernes 6 cuando, dentro de la reforma político-electoral, se aceptó modificar el artículo 29 de la Constitución, que nada tenía que ver con los temas que se votaban: era un asunto de seguridad nacional que no estaba a discusión.
Hasta ese día, el citado artículo establecía que, ante casos de "invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conñicto, solamente el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los titulares...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba