La corrupción tiene en jaque a Bachelet

AutorFrancisco Marín

VALPARAÍSO,CHILE.- La presidenta Michelle Bachelet, su gobierno, el Parlamento, los partidos políticos, los grandes medios y los grupos económicos que controlan el país viven un terremoto que afecta las raíces de la ins-titucionalidad construida en la dictadura militar, consolidada en la "transición a la democracia" y que tiene su gran pilar en la aún vigente Constitución de 1980.

Tres procesos judiciales aceleran su caída. Se trata del Caso Penta, investigación judicial por sobornos, cohecho y fi-nanciamiento ilegal de campañas políticas, que afecta básicamente al derechista partido Unión Demócrata Independiente (UDI); el Caso Caval, proceso que compromete al hijo y a la nuera de la presidenta en oscuros negocios inmobiliarios; y lo que se agrega ahora con virulencia: La arista Soquimich del caso Penta.

La Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich) es la mayor productora mundial de litio y yodo. Fue privatizada en los estertores de la dictadura, en un oscuro proceso que favoreció al yerno del general Augusto Pinochet y actual controlador de la misma, Julio Ponce Lerou, cuya fortuna personal fue cuantificada en el últi-mo ranking de Forbes en 2 mil 100 millones í de dólares, ubicándose entre los mil hom- f bres más ricos del planeta.

Para mantener esta fortuna e impedir que se levanten cuestionamientos a sus oscuros e ilícitos procedimientos, Ponce y sus asesores, entre quienes destaca el recién defenestrado gerente general de So-quimich (o SQM), Patricio Contesse, construyeron una red de apoyo que fue mucho más allá de la UDI, su partido. Así lo han evidenciado las investigaciones recientes.

Fiscal Gajardo

Las pesquisas de la arista Soquimich son encabezadas por el jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad, Carlos Gajardo, quien, inflexible, pone en el banquillo de los acusados a banqueros y políticos. En audiencia de formalización del Caso Penta -los pasados 6 y 7 de marzo- consiguió encarcelar a los dos dueños de este grupo económico, Carlos Lavín y Carlos Délano y al vice-ministro de Minería del gobierno de Sebastián Pinera (2010-2014), Pablo Wagner.

Gajardo descubrió que Wagner recibía pagos ilícitos de Penta justificados con boletas "ideológicamente falsas", esto es, por servicios que no se prestaron. Hizo lo mismo con SQM. En julio de 2009 Wagner entregó a esta minera una boleta de su cuñada María de la Cerda como justificación del pago de 7 millones de pesos (13 mil dólares).

Como nada es gratis en la vida, Wagner adjudicó a SQM -en septiembre de 2012- la licitación internacional del primer Contrato Especial de Operación de Litio que le entregaba a esta empresa la explotación de 530 mil toneladas métricas de carbonato de litio chileno. Sin embargo, al conocerse públicamente una serie de irregularidades cometidas por Wagner, este proceso se declaró desierto.

Con los antecedentes que involucraban a SQM en casos de financiamiento ilegal de campañas y sobornos a políticos, Gajardo envió-el 7 de noviembre de 2014-un informe al Servicio de Impuestos...

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