Que la Corte no abdique de la defensa de las libertades

AutorJorge Carrasco Araizaga

Cuando la seguridad se ha convertido en la prioridad de los gobernantes, a los jueces les toca defender las libertades. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como tribunal constitucional, no puede abdicar de esa defensa, aun cuando deba enfrentarse al presidente de la República o los senadores, quienes deciden su conformación.

Las propuestas para la designación de los ministros dicen mucho del titular del Ejecutivo federal en turno, pero más las votaciones de los jueces constitucionales: si reivindican la independencia y autonomía del Poder Judicial de la Federación (PJF), obedecen a sus antiguos jefes o ponen por delante su ideología.

En momentos en que el Senado procesa las ternas propuestas por el presidente Enrique Peña Nieto para la elección de los nuevos ministros de la SCJN y a unos días de convertirse en ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero pone en esos términos la tarea de la institución en los próximos años y advierte en entrevista: "La Corte no puede retroceder en la protección de los derechos. Es un camino que nunca se acaba", sobre todo cuando la seguridad está al acecho de las libertades.

Sánchez Cordero fue una de los 11 ministros de la reforma de 1994, cuando durante el receso judicial de fin de año desapareció la Corte del presidencialismo priista en lo que entonces se llamó el "golpe de Estado técnico" del presidente Ernesto Zedillo. La actual conformación y concepción de la SCJN se echó a andar en enero de 1995.

Marginado durante décadas, convertido en un poder de tercera durante el presidencialismo priista del siglo pasado, el PJF, que tiene en la SCJN su máxima representación, en dos décadas ha pasado a dirimir las diferencias entre los poderes formales del Estado y a "defender e incluso reparar derechos violados", aun cuando en 2010 el Ejecutivo y el Legislativo le quitaron la facultad de investigar casos de violaciones graves a los derechos humanos.

Primera prueba

Una de sus primeras pruebas después de esa reforma fue la matanza de Aguas Blancas, Guerrero, en junio de 1996, cuando policías de Guerrero masacraron a 17 campesinos e hirieron a otros 21 en el municipio de Coyuca de Benitez. La Corte ejerció la facultad de investigación, asentada en la Constitución desde 1917 y que durante el régimen del PRI se ejerció una sola vez.

En el caso de Aguas Blancas, con el voto de Sánchez Cordero entre otros, la Corte estableció que el gobernador Rubén Figueroa Alcocer mintió al negar inicialmente los hechos. Figueroa renunció.

"Lo que se le cuestionó al entonces gobernador fue la manipulación de la información. No la orden que dieron otras instancias menores, tal vez sin su consentimiento. No lo sabemos. Lo que se le cuestionó enormemente fue la manipulación de la información. Además de las muertes, lo grave fue el ocultamiento y la mentira.

"El derecho de acceso a la información pública gubernamental y la transparencia de las acciones de gobierno eran incipientes. No estaban en la Constitución y la Corte empezó a construir derechos de abajo hacia arriba."

Después vinieron otras investigaciones sobre violaciones graves a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado, en lo que Sánchez Cordero considera que se convirtieron en "muchos mensajes al Constituyente permanente sobre la cultura de la transparencia".

Pero en esa tarea la Corte fue frenada en 2010, cuando el Ejecutivo y el Legislativo le retiraron esa facultad de investigación. Con el aval presidencial y el consentimiento de algunos ministros, el Congreso traspasó esa facultad a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La puntilla se dio cuando una minoría de ministros propuso castigar a los funcionarios municipales...

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