Criminalización, la "bienvenida" a los migrantes

AutorJosé Gil Olmos

Hace seis meses el Congreso de la Unión aprobó una iniciativa para crear una policía fronteriza que estaría integrada por ocho mil efectivos abocados a vigilar las fronteras, en particular la del sur, por donde cada año se internan al país alrededor de 400 mil centroamericanos sin papeles en su itinerario hacia Estados Unidos.

Es posible que la propuesta emanada del PRI sea una de las primeras acciones que pondrá en marcha Enrique Peña Nieto durante su gestión que inició formalmente el sábado 1.

El propósito del futuro organismo es sustituir a los agentes del Grupo Beta y a los del Instituto Nacional de Migración (INM) destacados en la zona fronteriza y que a lo largo de la administración calde-ronista recibieron mil 240 quejas por violaciones a los derechos humanos de los indocumentados centroamericanos.

Asimismo, los sacerdotes Alejandro Solalinde y Tomás González los señalaron en repetidas ocasiones por sus presuntos vínculos con el crimen organizado en la trata de personas y el negocio de las extorsiones y los secuestros.

La policía fronteriza está prevista dentro de la nueva Ley de General de Migración -aprobada a finales de abril y puesta en vigor a partir del 16 de noviembre-, propuesta por los diputados priistas Jorge Carlos Ramírez Marín y Arturo Zamora Jiménez.

Según los legisladores, es necesario tener un control más efectivo de las líneas fronterizas, contar con un cuerpo policial que investigue los asesinatos cometidos en la frontera norte, perseguir a las bandas dedicadas al tráfico de migrantes del sur, fortalecer las dos aduanas -la del norte y la del sur- y evitar que los deportados se sumen a las filas del crimen organizado.

"Es un asunto de seguridad nacional, hay que ejercer la autoridad donde no la hay", dijo el mes pasado Arnulfo Valdivia Machuca, coordinador de asuntos migratorios del equipo de transición de Peña Nieto, en una reunión privada con organizaciones civiles de ayuda a migrantes.

Marco Castillo, presidente de la Asamblea Popular de Familias Migrantes (Apo-fam), quien participó en ese encuentro, asegura que el colaborador de Peña Nieto no permitió el intercambio de opiniones con las asociaciones de migrantes, sino que sólo expuso el contenido de la Ley General de Migración y se marchó.

De acuerdo con el presidente de la Apo-fam, Valdivia aludió a la necesidad de diseñar una "estrategia de fortalecimiento" de las fronteras norte y sur. Su argumento fue que las violaciones a los derechos humanos en la parte sur se deben a la falta de autoridad; de ahí su propuesta de ejercerla mediante una policía calificada.

Valdivia también expuso que no se trata sólo de...

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