Ante la crisis gasolinera, promoción de la inestabilidad

AutorErnesto Villanueva

Hay consenso en alcanzar el objetivo en cuestión. Nadie en su sano juicio podría reivindicar el delito recurrente del huachicol como una plausible política pública. Hay, por esa razón, consenso en alcanzar ese propósito como una de las primeras batallas que está librando el nuevo régimen. No se trata sólo de una cuestión de corrupción e impunidad, sino de atacar un instrumento financiero que hasta ahora había venido dando los recursos para que todo siga igual, para mantener el statu quo. Los puntos centrales que permiten hacer una radiografía del avance de esta batalla son los siguientes:

Primero. Buena parte de los medios ha utilizado esta decisión política para intentar fallidamente doblar al gobierno federal con contratos publicitarios y prebendas adicionales. La técnica ha sido identificar puntos específicos de hartazgo y molestia pública por el desabasto transitorio de gasolina para presentarlos como muestras de un estado de ánimo generalizado en los más distintos grupos de la sociedad mexicana. Y esto es una mentira, un acto de desinformación ajeno a los mínimos estándares de la ética periodística, que hasta ahora no ha podido impactar en las pautas de comportamiento de la ciudadanía. No es mi opinión, que, como todas, puede coincidir con otras y diferir de algunas más.

Una muestra de lo que afirmo se sustenta en la ausencia de marchas y protestas sociales no se diga de gran calado, sino incluso relativamente pequeñas. No se observan por ningún lado. Sobra decir que si las hubiera habría muchos intereses en mostrarlas como el preludio del caos social. No es el caso. El llamado del presidente López Obrador está permeando más en la formación de la opinión pública en esta lucha que las voces de sus detractores que vaticinan el diluvio.

Segundo. El gobierno federal mantiene el apoyo expreso y puntual de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas civiles del orden que, por el contrario, están dando vida y sentido a esa gran batalla a favor del patrimonio social. No hay, ni por asomo, señales de levantamientos armados, deserciones en masa de zonas o regiones militares que pudieran en ese inexistente pero hipotético caso poner en riesgo la seguridad nacional y, en el extremo, la viabilidad del Estado mexicano.

Es importante reiterarlo: las Fuerzas Armadas están siendo parte activa de esa difícil pero necesaria decisión que el gobierno federal ha tomado en un caso enorme de corrupción que había permanecido intacto al menos durante los tres últimos...

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