Crónica de la complicidad y la desvergüenza
| Autor | Jesusa Cervantes |
La muerte del diputado federal Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, ocurrida el 20 de marzo último, desencadenó una crisis política en la Cámara de Diputados: el suplente de este legislador, Antonio Enrique Tarín García, se agazapó durante 28 horas en el recinto legislativo para evitar ser capturado y que se le juzgue por peculado cometido contra el gobierno de Chihuahua.
Durante ese lapso se abrió la posibilidad de que la Cámara de Diputados fuera invadida por agentes policiacos. El grupo parlamentario del PRI y la Mesa Directiva de San Lázaro, a cargo del PAN, iniciaron un jaloneo jurídico, político y verbal, mientras el gobierno del estado de Chihuahua presionaba para que sus policías ministeriales cumplieran la orden de aprehensión.
Por un lado, la discusión sobre el principio de "inviolabilidad" del recinto, contenido en la Constitución, y por otro la pifia del gobierno estatal al no solicitar a un juez girar la petición al Legislativo, dieron el tiempo suficiente para que Tarín García -ante su fracaso de obtener el fuero- obtuviera de un juzgado local la "suspensión provisional" que le permitió abandonar tranquilamente San Lázaro con la certeza de que no sería detenido.
No obstante, de manera insólita, policías ministeriales de Chihuahua le cerraron el paso al integrante del Congreso federal durante poco más de 20 minutos. Ante la opinión pública, esta instancia legislativa proyectó la imagen de una institución que da refugio a presuntos delincuentes.
"La Cámara no protegió a nadie. El diputado Tarín no tomó (en lugar de "rindió") protesta", dice a Proceso la presidenta de la Mesa Directiva, Guadalupe Murguía.
Las 28 horas en las que el desprestigio ensombreció con mayor intensidad a San Lázaro fueron asumidas como "un daño menor" ante el ultraje que hubiera representado el ingreso de policías.
La responsable de velar por la integridad de los 500 diputados federales y las instalaciones de la Cámara afirma: "Cualquier otra medida hubiera sido considerada como un acto con sesgo partidista. Y yo estoy obligada a respetar las leyes, actuar con imparcialidad y objetividad".
Desde las nueve de la mañana del martes 28 de marzo Murguía empezó a recibir llamadas desde Chihuahua. El secretario de Gobierno, César Jáuregui, le explicó la situación y solicitó que no se le tomara protesta como diputado propietario a Tarín García.
"Necesito un respaldo, una petición formal para hacerlo. De lo contrario no podría impedirlo", fue la respuesta de...
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