Cuatro años después
| Autor | Javier Sicilia |
Para las víctimas que aún no encontramos justicia.
El 28 de marzo de 2011, una masacre de siete personas, entre las que se encontraba mi hijo Juan Francisco, creó el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD). Durante dos años recorrimos el país y Estados Unidos visibilizando a las víctimas que el gobierno de Felipe Calderón criminalizaba. Dialogamos con todos, propusimos rutas de justicia y de paz, y logramos, junto con muchas organizaciones de víctimas, la ley que debería atenderlas. Entonces el país llevaba sobre sus espaldas 40 mil muertos, 10 mil desaparecidos, 150 mil desplazados.
Tres años y medio después, el 26 de septiembre de 2014, en medio del silen-ciamiento del horror y de la apoteosis electoral que llevó a la Presidencia a Enrique Peña Nieto y renovó una buena parte de los gobiernos de los estados, otra masacre, sensiblemente exponencial a la que en 2011 nos movilizó -la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzina-pa y el asesinato de seis, uno de ellos Julio César Mondragón, mutilado y desollado-, puso de nuevo en evidencia la única verdad histórica que poseemos y que la ilusión democrática quiso hacernos olvidar: México vive sometido al embate constante del crimen organizado y del Estado. El caso de Ayotzinapa mostró que nada había cambiado, que entre una y otra masacres había sólo tres años de diferencia, nuevos gobiernos y un aumento de dolor: 160 mil muertos, 30 mil desaparecidos, casi 500 mil desplazados, decenas de fosas comunes que nadie hasta entonces había abierto, y el mismo 98% de impunidad que en el régimen anterior.
Cuatro años más tarde, el 28 de marzo de 2015, que cierra, como un símbolo, los 40 días de la Cuaresma y nos abre al doloroso misterio de la Semana Santa, nadie que no sea el miedo y la ceguera política puede ya tapar lo que en 2011 mostramos: que el Estado y las partido-cracias que lo administran son el origen y el problema de la violencia y de la delincuencia organizada. Junto a los muertos, a los desaparecidos, a los desplazados y a la brutalidad que aumenta, se ha demostrado como nunca la condición delincuencial del Estado y sus partidocracias: los conflictos de interés de la familia presidencial y del secretario de Hacienda con el Grupo Higa; la impunidad ante las redes de trata de Gutiérrez de la Torre y ante las omisiones y complicidades de gobernadores, diputados, senadores y miembros de partidos con el crimen organizado; el silenciamiento de las voces críticas, de las...
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