El "cuestionario" de la muerte
| Autor | Jorge Carrasco Araizaga |
Como parte de la "guerra al narcotráfico", el Ejército Mexicano se arrogó funciones del Ministerio Público federal para investigar delitos. Contrario a la Constitución, que faculta sólo a las procuradurías de justicia para realizar indagatorias, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedeña) elaboró un "cuestionario inteligente" de aplicación obligatoria a todos los detenidos por hechos relacionados con el narcotráfico.
El cuestionario se derivó de la Directiva para el Combate Integral al Narcotráfico 2007-2012, emitida durante el gobierno de Felipe Calderón, en la que se dieron amplias atribuciones a los militares para enfrentar a los cárteles de la droga y que fue puesta en práctica de forma discrecional por los mandos castrenses.
El cuestionario tiene más de 100 preguntas que se realizan según las circunstancias: si se trata de civiles, policías, extranjeros, armas, estupefacientes, vehículos, dinero o laboratorios clandestinos de droga. Los interrogatorios comienzan en los lugares de los hechos y continúan en los cuarteles militares; después los detenidos son presentados a la Procuraduría General de la República (PGR).
La instrucción recibida por los jefes militares en todo el país fue someter a "un intenso interrogatorio" a los detenidos para explotar la información y continuar de inmediato las operaciones del Ejército.
Algunos interrogatorios acabaron en la muerte de los detenidos, como el puesto en práctica por el llamado Pelotón de la Muerte, en Ojinaga, durante el Operativo Chihuahua que la Sedeña desplegó por instrucción presidencial (Proceso 1889).
Después de una década de operar bajo ese tipo de directrices, el Ejército y la Marina están por concretar su intenso cabildeo para que el Congreso les otorgue una Ley de Seguridad Interior que legalice su actuación de "restauración del orden interno", no sólo en el futuro, sino la que despliegan actualmente.
El pasado martes 7, el titular de la Sedeña, Salvador Cienfuegos, mandó llamar a los diputados en sus oficinas, de nueva cuenta, para urgirlos a sacar adelante la norma en el actual periodo ordinario de sesiones.
Las presiones del jefe militar para contar con la protección legal se han hecho también públicas. En diciembre último declaró ante la prensa que por la falta de un marco legal "los militares ya se la están pensando" para seguir en el combate al narcotráfico, pues temen terminar en la cárcel acusados de violaciones a los derechos humanos.
Entre las facultades que los militares buscan tener al amparo de esa ley está la de convertirse en máxima autoridad en un área de intervención cuando así lo decida el presidente de la República, a fin de "restaurar la estabilidad, seguridad o paz pública".
De acuerdo con una iniciativa de ley presentada por el PRI, los militares podrían establecer destacamentos de seguridad y bases de operaciones móviles y fijas más allá de sus cuarteles, además de realizar acciones de intercepción terrestre, aérea y marítima, patrullajes, reconocimientos de seguridad y todas aquellas "que se consideren necesarias" (Proceso...
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