El debate sobre la ciencia
| Autor | Axel Didriksson |
Para Enrique Peña Nieto, la creación de una secretaría del ramo implicaría más burocracia; para otros, comprometerse con el otorgamiento de 1% del PIB a la investigación y el desarrollo no será posible mientras no se realicen las tan mentadas "reformas estructurales", y para unos más la elevación de la inversión en ciencia y tecnología debe ser responsabilidad de la empresa privada y no del gobierno; no faltan, tampoco, los que prefieren simular que algo cambia para que todo siga igual.
En contraparte, existen posturas en el sentido de que la ciencia que se produce no puede estar sujeta a ningún ajuste de cuentas ni mucho menos considerarse como un asunto administrativo o de interés para unos cuantos. Se requiere, como afirma en alguna parte el documento, tratarla como un asunto de seguridad nacional, relacionada con un tipo de sociedad más justa.
Y es que en la Agenda se presentan dos modelos contrapuestos. Uno es el que se describe con gran amplitud en la primera parte del documento, que hace referencia a la prevalencia del mercado y del interés de una minoría, en donde la investigación debe subordinarse y aplicarse a los objetivos de corto plazo de las empresas y sus ganancias. El tipo de país que se prefigura allí es uno que busca posicionarse a nivel internacional con "ímpetu de compe-titividad" y con un liderazgo semejante al de otras naciones que han invertido en "recursos humanos" y en donde las empresas son la punta de la innovación científico-tecnológica. Desde esa imagen de nación, el objetivo de la política pública es fomentar el "capital humano", concretar las "reformas estructurales pendientes" y poner a la empresa (por supuesto la más dinámica y la que mayores beneficios tendría: la trasnacional) en el centro de la atención de los esfuerzos en innovación y conocimientos.
Otro tipo de país y de orientación de política pública en ciencia y tecnología se observa cuando en la Agenda se asienta que debe buscarse evitar la reproducción de la desigualdad en la educación de la población; utilizar el conocimiento para disminuir la pobreza, la ignorancia y la inequidad; favorecer la participación de los estados en el desarrollo de una investigación regional relacionada con el contexto de su realización; reformar los planes de estudios de las instituciones de educación superior; hacer del conocimiento un bien público y un derecho social, pero sobre todo superar la perniciosa burocratización gubernamental que se ha padecido y que ha...
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