La debilidad del INBA para defender el patrimonio

Un escueto boletín de prensa dio cuenta de las acciones realizadas por el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) durante el recién concluido sexenio, en el cual fue dirigido de 2012 a finales de 2016 por María Cristina García Cepeda (posteriormente secretaria de Cultura) y de enero de 2018 al 30 de noviembre de 2018 por Lidia Camacho.

Y en apenas unas líneas se menciona lo relacionado con la protección y difusión del patrimonio:

"El Instituto intensificó las labores de coordinación de su Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble (DACPAI), la Coordinación Nacional de Artes Visuales (CNAV) y el Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (Cencropam) a través de la Subdirección General del Patrimonio Artístico Inmueble, lo que permitió atender las solicitudes de exposiciones, dictamen, conservación o restauración de pinturas de caballete, obras sobre papel, esculturas, murales, obras en madera y textiles, entre otros, pertenecientes a museos e instituciones de todo el país."

En el sexto informe de gobierno de Enrique Peña Nieto se citan apenas algunos ejemplos de inmuebles intervenidos en el último año: se continuó con los trabajos de mantenimiento, rehabilitación y conservación en importantes edificios del INBA, como el Palacio de Bellas Artes, Ex Teresa Arte Actual, Museo de Arte Moderno, Museo Nacional de Arte, Centro de Creación Literaria "Xavier Villaurrutia" y el Conservatorio Nacional de Música.

Sin embargo, el INBA enfrentó distintos casos que muestran sus limitaciones jurídicas para actuar en defensa del patrimonio, porque no pudo evitar -por ejemplo- la demolición del edificio que albergaba la Octava Delegación de Policía, ubicado en la esquina de avenida Cuauhtémoc y Obrero Mundial, en la colonia Narvarte, construido en 1945.

El conjunto estaba incluido en el Catálogo Nacional de Inmuebles con Valor Artístico, por lo cual requería del visto bueno del INBA para cualquier intervención. La institución envió, con carácter de urgente, dos oficios, el 9 de diciembre de 2013 y el 9 de enero de 2014, al gobierno de la Ciudad de México para solicitar una verificación. El 13, la delegación Benito Juárez -gobernada por el PAN- dio la autorización para la demolición y el 9 de enero respondió al INBA que la verificación quedó sin efecto porque no se indicó en cuál de las cuatro esquinas del cruce de las avenidas se encontraba el edificio.

En la agencia apro se consignó en su...

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