Ni cómo defenderse - 11 de Febrero de 2017 - Proceso - Noticias - VLEX 666610133

Ni cómo defenderse

Autor:Arturo Rodríguez García
 
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En México no hay garantía de que una persona hablante de lengua indígena pueda entender una acusación, un juicio o una sentencia, porque en el sistema de justicia sólo hay intérpretes y traductores para una tercera parte de las variantes lingüísticas existentes.

En los 32 estados de la República viven 900 mil personas que sólo se expresan en lengua indígena y más de 6 millones 500 mil personas que tienen el español como segunda lengua. El 98% de la población indígena vive en condiciones de pobreza o vulnerabilidad, por lo que no puede pagar un abogado y tendría que pedir uno de los 25 defensores de oficio bilingües, siempre y cuando esté adscrito a una instancia judicial y hable una de las 19 variantes que la defensoría cubre.

Los datos de acceso a la justicia para personas hablantes de lenguas indígenas fueron obtenidos a & través de solicitudes de información gestionadas ante el Consejo de § la Judicatura Federal (CJF), entrevis- e tas y estudios del Instituto Nació- ^ nal de Lenguas Indígenas (Inali), así | como la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), entre otros informes oficiales.

Con base en estándares internacionales, el Inali recomienda que, en el sistema de justicia, las variantes lingüísticas sean tratadas como lenguas. Esta institución, en coordinación con otras dependencias gubernamentales, administra desde 2010 el Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas (Panitli).

Con la reforma al sistema de justicia penal, que implica oralidad, el Inali ha incrementado la formación de traductores e intérpretes, pero aún es insuficiente: para diciembre de 2016 tenía certificadas a 664 personas capaces de atender sólo 34 de las 68 lenguas y 121 variantes lingüísticas de las 364 reconocidas.

No hay acceso público a la base de datos del Panitli. Sólo la pueden consultar juzgados y tribunales de los fueros federal y común, los cuales pueden solicitar traductores en calidad de peritos -pues no forman parte de su nómina permanente- y cuya disponibilidad depende de su localización, tiempo y dominio de la lengua que en determinado momento se requiera.

El portal del Panitli expone que el acceso a la justicia presenta "una problemática amplia y compleja" que propicia "discriminación, vejaciones y abusos en los procedimientos de impartición de justicia" por la falta de intérpretes y defensores que hablen la lengua y conozcan la cultura indígenas. El resultado son defensas inadecuadas durante los juicios.

Recomendaciones de fuera

Desde 1997 el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CEDR) de la Organización de las Naciones Unidas recomendó a México que garantizara el derecho a contar con traductores y defensores de oficio conocedores de lengua y cultura indígenas durante los procesos judiciales. Lo volvió a recomendar en 2006. Para conocer el cumplimiento de México respecto a defensores bilingües, el reportero realizó una solicitud al CJF, en cuya respuesta informó que el Instituto Federal de Defensoría Pública tiene a sus 25 abogados bilingües en instancias judiciales en Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Yucatán.

Es decir que sólo en 10 estados hay defensores de oficio bilingües, a pesar de que la población hablante de lenguas indígenas radica en los 32 estados de la República. En proporción a las instancias de procuración y administración de justicia, es una cobertura mínima.

La Procuraduría General de la República (PGR) tiene 32 delegaciones y 86...

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