Derechos humanos: el reto de revertir el desastre

AutorMario Patrón

El punto de partida ineludible es el desastre que impera. Sin duda, aunque no se les identificara así, las falencias y omisiones en la protección de los derechos humanos marcaron de manera indeleble al gobierno saliente y, en muchos sentidos, precipitaron la alternancia.

Desde el Centro Prodh hemos advertido cuatro componentes de esta crisis, que deberá ser enfrentada en el sexenio que nace y que es herencia del anterior.

El primero de ellos es la macro delincuencia, es decir, los profundos vínculos entre el poder político y el crimen organizado que afectan a amplias parcelas de la economía y de la vida política. El Estado -en sus distintos niveles y no sólo en la esfera municipal- ha participado por acción, omisión, contubernio y aquiescencia en estos esquemas.

El segundo componente es la corrupción. Fuerzas de seguridad, partidos políticos, Poder Legislativo, Poder Judicial y funcionarios, además de empresarios, participan de un sistema de corrupción política y económica que permea prácticamente todas las instituciones.

Las graves violaciones a los derechos humanos son el tercer componente de la crisis. La gravedad de la situación fue confirmada tanto por la Comisión Interameri-cana de Derechos Humanos (CIDH) como por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) en sus respectivas visitas al país, pues ambas instancias aludieron a la preocupante alza en las denuncias de casos de tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones. Aunque las organizaciones de la sociedad civil llevábamos tiempo advirtiendo este aspecto, la imagen que se proyectaba a la comunidad internacional se cimentaba en las reformas estructurales e invisibilizaba esta realidad, hasta que en 2014 tal relato se resquebrajó.

La impunidad es el cuarto factor de este desastre. Los crímenes que más lastiman a las personas en su dignidad con frecuencia quedan sin investigación y sanción, pues las denuncias naufragan en el mar de un sistema de justicia indiferente al dolor humano.

En este contexto, no es de extrañar que la inseguridad y la violencia sigan al alza en México. Hace 12 años, el Ejecutivo decidió hacer uso de las Fuerzas Armadas para la "guerra contra el narcotráfico", militarizando así la seguridad pública.

Del gobierno de Felipe Calderón Hino-josa al de Enrique Peña Nieto, la estrategia de militarización continuó y siguió sin brindar los resultados esperados. 2018 se convirtió en el año con el mayor número de homicidios dolosos, con una...

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