El Estado y sus descuidos

AutorJosé Ramón Cossío Díaz y José Roldán Xopa

Estas situaciones plantean un problema importante. Si el personal del Estado sufre daños en su salud o fallece, ¿quién es responsable de resarcirlos? La cuestión anterior seguramente está en la mente de quienes se encuentran laborando en las precarias condiciones de las que tenemos noticia.

Para comenzar debe quedar claro que es obligación de las autoridades del sector salud proveer a todo el personal que en él labore con el equipo adecuado para el eficaz y seguro desempeño de sus funciones.

Igualmente las demás autoridades de nuestro país tienen el deber de garantizar las condiciones de protección a la salud de quienes desempeñan cualquier tipo de cargo público.

Finalmente conviene precisar que en caso de que esas acciones no se lleven a cabo, los servidores públicos pueden dejar de desempeñar sus funciones al existir una causa justificada, o demandando judicialmente a otras autoridades por los daños sufridos.

Con independencia de que el Estado actúe en relación con sus propios funcionarios, los afectados podrán demandarlo con motivo de su actuar irregular. Si algún servidor público federal o local sufre un daño y acredita una relación de causalidad entre él y el mero actuar irregular del Estado, se actualiza el derecho a demandar una indemnización para cubrir los daños físicos y morales. Lo interesante de esta institución constitucional es que el trabajador afectado o sus familiares no tienen que acreditar que haya una intencionalidad para causar el daño. Basta demostrar la mera actuación irregular en la función pública, para que se imponga la condena respectiva; es posible incluso que el Estado sea el que deba acreditar que hubo una actuación correcta.

Uno de los efectos más serios de la pandemia ha sido poner al descubierto las precariedades nacionales en materia de salud, tanto por las deficiencias históricas acumuladas como por malas decisiones recientes. La acción tardía, los recortes presupuestales, la incapacidad para concertar acciones coordinadas entre la federación y los gobiernos estatales, las compras dilatadas, el desabasto y los mensajes contradictorios del propio gobierno federal son muestras evidentes de tales insuficiencias. Si bien es cierto que éstas no son la causa inmediata de daños, lesiones y muertes, no cabe duda de que sí son su causa mediata. Por ello seguramente estará presente en los litigios que se iniciarán cuando lo más álgido de la pandemia pase.

¿Qué decisión tomará en los próximos meses el médico al que...

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