La represión desplaza a la política
| Autor | Jesús Cantú |
Una de ellas, entre las más grotescas, fue la iniciativa que envió el gobernador poblano Rafael Moreno Valle, denominada "Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza Pública por Parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla", conocida popularmente como Ley Bala, la cual incluía el uso de armas de fuego para disolver manifestaciones públicas. Esto último fue eliminado en la versión final, pero sí dispone el empleo de armas no letales, como las balas de goma. Sin embargo, esta legislación que hoy pretende abrogar el mismo gobernador poblano, tras los penosos incidentes que causaron la muerte del menor, es realmente una más de estas normas represivas.
La primera de ellas (en orden cronológico) fue la que estableció en 2002 el delito de "ataque a la paz pública" en el artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal, equivalente al delito de "disolución social" que estuvo presente en los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal entre 1941 y 1970; los detenidos durante las protestas del 1 de diciembre del 2012 fueron acusados de incurrir en esa falta. Posteriormente, el 26 de diciembre de ese mismo año, los asambleístas reformaron el artículo para reducir las penas de entre 5 y 30 años a entre 2 y 7, dando paso a la libertad bajo fianza de los encarcelados.
El 10 de septiembre de 2011, el gobernador veracruzano, Javier Duarte, promovió una reforma al artículo 373 del Código Penal para incluir el llamado delito de "perturbación del orden público", con el fin de castigar con prisión de cuatro años a quien "por cualquier medio afirme falsamente..." la existencia de balaceras o ataques de la delincuencia organizada, "... ocasionando así perturbación". La disposición pretendía suprimir los mensajes que la ciudadanía transmite a través de las redes sociales para protegerse de tales bandas delictivas. El 20 de junio de 2013, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional dicha disposición.
En abril de 2014, el Distrito Federal aprobó una legislación para regular las manifestaciones públicas; en mayo lo hicieron Chiapas, Puebla y Quintana Roo; y actualmente los Congresos de Jalisco, Oa-xaca y San Luis Potosí tienen en proceso de dictaminación iniciativas similares para regularlas y/o incorporar esquemas del uso de la fuerza pública con el objeto de reprimirlas.
Y todavía peor, la recientemente aprobada Ley Federal de Telecomunicaciones y...
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