Desprecio por los torturados

AutorFrancisco Marín

VALPARAÍSO, CHILE.- Una huelga de hambre iniciada el 13 de abril, que se fue extendiendo por todo el país y que duró 40 días, dejó al descubierto la realidad socioeconómica y el nulo reconocimiento que sufren decenas de miles de exprisioneros políticos y torturados por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). El ayuno buscó conseguir indemnizaciones del Estado por las torturas infligidas, mejoras de las pensiones, el fin de las incompatibilidades entre la pensión de torturado con la del exonerado político, que se publique el nombre de los torturadores y que se tipifique el delito de tortura en el Código Penal.

Esta protesta la iniciaron medio centenar de víctimas en tres ciudades de la región de O'Higgins (San Francisco de Mostazal, San Felipe y Rancagua).

En Valparaíso, siete huelguistas se instalaron en el Ministerio de la Cultura, que se convirtió en uno de los epicentros de esta inconformidad. Uno de ellos, Gustavo Fuentes Ruminot, explica que la mayoría de los exprisioneros políticos "mueren de cáncer y solos. (...) No tenemos un sistema de salud que nos proteja. (...) Somos indigentes".

Fuentes, a quien los carabineros le sacaron los dientes en 1986, asegura que la esperanza de vida de un preso político torturado es menor que la del resto de la población: "Es raro que llegue a los 70 años", asegura.

Él denuncia el abandono que sufren los torturados: "¿Dónde están los partidos de izquierda? ¿A dónde están las cúpulas?".

La huelga culminó parcialmente el 23 de mayo. Ese día se firmó un protocolo de acuerdo en la catedral de Rancagua, que contempló la creación de una Mesa de Alto Nivel que se abocará a proponer una solución integral al problema.

Esta instancia, cuya primera reunión se realizó el 29 de mayo en la sede del Congreso Nacional, en Santiago, es presidida por el obispo de Rancagua, Alejandro Goic. Está compuesta por 12 representantes de diversas agrupaciones de exprisioneros políticos; por los ministerios del Interior, la Secretaría General de la Presidencia, Hacienda y Desarrollo Social; y el coordinador de este espacio, quien es el secretario ejecutivo del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Interior, el abogado Francisco Ugás.

Serán garantes de este proceso la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Lorena Fríes; Jaime Vidal, representante del Alto Comisionado de las

Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH); el diputado democratacris-tiano Claudio Arriagada y el senador Juan Pablo Letelier.

Un grupo de huelguistas, vinculados a la Unión Nacional de Ex Prisioneros Políticos, rechazó los términos del "acuerdo de Rancagua" y mantuvo el ayuno.

Algo de historia

Tras el retorno de la democracia, en marzo de 1990, los gobiernos de la centroiz-quierdista Concertación por la Democracia -antecesora de la hoy oficialista Nueva Mayoría- trataron de resolver las deudas en materia de justicia basándose en tres principios: establecer la existencia de violaciones de derechos humanos; efectuar una...

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