Contra la dictadura... a 40 años y 10 mil kilómetros
MADRID.- El 14 de abril de 2010, Darío Rivas, nonagenario gallego que vive en Buenos Aires, presentó una querella contra el Estado español por genocidio y/o crímenes de lesa humanidad. Lo hizo después de que el Tribunal Supremo español cerrara toda posibilidad de enjuiciar los crímenes del franquismo, al amparo de la Ley de Amnistía, diseñada para beneficiar a los verdugos en vez de a las víctimas.
En 1930 Darío, entonces de nueve años, se despidió de su padre, Severiano Rivas Barja, desde el barco que lo llevó a Buenos Aires. Cuando tenía 17 se enteró por carta que su padre, entonces alcalde de Castro de Rei, en Lugo, había sido asesinado por falangistas en Portomarín, en la misma comunidad gallega: fue acusado de "comunista" y de "traición a la patria" por ayudar a los desposeídos.
"Pasé décadas juntando todos los documentos sobre el asesinato. Todo lo denunciado está probado por escrito y con sellos y firmas", relató Darío a la revista gallega Luzes, en enero de 2014.
En 2004, durante una visita a Galicia para rendir homenaje a su padre, viajó a Portomarín y, preguntando a los vecinos, descubrió detalles hasta entonces desconocidos sobre la detención, el fusilamiento y el sitio donde yacían los restos, detrás de la iglesia del pueblo.
En 2005, con el apoyo de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Darío exhumó los restos de su padre y los sepultó en un nicho de la familia. Su lápida reza: "Fue alcalde de Castro de Rei, nacido el 13 de septiembre de 1875. Lo asesinaron en Portomarín los falangistas el día 19 de octubre de 1936. Volvió a casa para descansar en paz el día 19 de agosto de 2005. Papá, descansa en paz. Te lo pide tu niño mimado. Darío".
Asesorado por un equipo de abogados, encabezado por Carlos Slepoy, especialista en justicia universal, la ARMH, las Abuelas de Plaza de Mayo y otras asociaciones, Darío presentó su demanda, que sirvió de base para el histórico proceso judicial en Argentina contra los crímenes del franquismo.
En ella se denunció al Estado español como responsable de los delitos de genocidio y/o de lesa humanidad perpetrados entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones tras la muerte del dictador Francisco Franco. Se señala que los crímenes de lesa humanidad no prescriben bajo el criterio de la justicia universal.
En la causa judicial 4591/2010 que inició el Juzgado Federal 1 de Buenos Aires, a cargo de la magistrada María Servini de Cubría...
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